Qué se discute cuando se habla de la deuda

Qué se discute cuando se habla de la deuda
El endeudamiento externo argentino creció con maniobras fraudulentas que investigó la Justicia Federal. El rol del Banco Central, las empresas estatales y los sectores privados para el aumento del endeudamiento externo.
El Fondo del Bicentenario sacó del baúl de los trastos viejos la legitimidad o no de la deuda externa. Un cuestionamiento que, más que una simple reivindicación, tiene un fuerte sostén judicial. En el año 2000, Jorge Ballestero cerró una investigación que se había abierto 18 años antes por una denuncia del periodista Alejandro Olmos contra el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

El fallo del juez sostiene que, si bien los delitos penales habían proscripto, la deuda es "ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta". Por eso mismo, Ballestero le pidió al Congreso de la Nación que tome su investigación para negociar el pago de la deuda.

Los expedientes iluminan el origen del endeudamiento, en 1976, pero llegan a estudiar el Plan Brady, los títulos mellizos, todo promocionado por el Fondo Monetario Internacional. Lo que sigue es un resumen posible, dividido en tres grandes ejes, de un proceso que desnudó la estructura de una gran estafa.

EL BANCO CENTRAL. En la investigación se advierte que la oficina encargada de relevar la deuda no lo hacía. Distintos funcionarios de la entidad le comunicaron a la Justicia que "los estados de la deuda externa total surgen del cómputo de informaciones provistas por los deudores con finalidad estrictamente estadística, por lo que no constituyen registros de carácter contable". Es decir, el banco no tenía una contabilidad sobre la deuda. Por eso el juez ordenó un relevamiento serio y una pericia judicial. Los peritos se sumergieron en los informes del BCRA, los papeles presentados por las empresas estatales y la información pública de la Sindicatura de Empresas de Estado. El informe final advierte que "se desconoce el monto real de la deuda", que hubo una "proliferación de autopréstamos" y que se liquidó deuda que, sin embargo, seguía estando registrada como impaga.

El rol del Banco Central fue clave: también concertaba los préstamos que tomaban las empresas estatales, un endeudamiento que fue regulado por un sistema trimestral de cupos que el ministro de Economía José Alfredo Antonio Martínez de Hoz le encargó en 1980 a Guillermo Walter Klein, secretario de Coordinación y Programación Económica.

En la causa, Olmos señala que Klein, a su vez, manejaba su propio estudio profesional. Y que antes de asumir tenía la representación de un banco, el Scandinavian, y que entre 1976 y 1984 el mismo estudio era apoderado de 22 bancos, entre ellos los bancos acreedores de la Argentina: Barclay’s, Crédit Lyonnais, el Union Bank de Suiza y el City National Bank, entre otros.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS. A partir de 1976, el gobierno usó a las empresas estatales para engrosar las reservas del Banco Central y financiar la llamada "apertura económica". La triangulación fue admitida en la causa, por ejemplo, por el entonces subgerente de Exterior y Cambios del Banco Central, Jorge Magistrelli. El caso de YPF fue paradigmático.

El fallo del juez Jorge Ballestero detalla que la empresa fue obligada a obtener 423 préstamos externos por un monto de, al menos, 9.460 millones de dólares, que no fueron destinados a adquisición de bienes de capital, sino que quedaron al cuidado del BCRA. Un dinero que, según los peritos, la empresa tampoco necesitaba, y que constituyó una verdadera "malversación de fondos".

La deuda, años después, sirvió para justificar su privatización. Algo que también ocurrió con otras compañías como Aerolíneas Argentinas y ENTEL. Con el agravante de que luego ese endeudamiento sirvió para justificar su privatización.

Una privatización que terminó de cerrar un evidente mal negocio para el Estado argentino que tomó como parte de pago de esas empresas bonos de deuda al 100 por ciento de su valor, cuando en el mercado cotizaban a no más del 15 por ciento de su valor nominal.

LA DEUDA PRIVADA. El informe producido por el Banco Central, a pedido del juzgado, estableció que en octubre de 1983 la deuda total privada era de algo más de 13 mil millones de dólares (y que de ese total, sólo el 15% tenía justificación comercial: el resto era "deuda financiera"). Una buena parte de esa deuda tuvo aval del Estado, a través del Tesoro nacional (por ejemplo la de Papel Prensa, Acindar y Alto Paraná). Fue habitual que las empresas no hicieran frente a las obligaciones vencidas y, así, el compromiso fue pagado por las garantías estatales. El Estado, sin embargo, no intentó recuperar ese dinero.

En 1981, a través de normas del Banco Central, empieza un proceso por el cual la deuda privada pasó a ser pública. En 1983 se establecieron "seguros de cambio" para reducir el efecto de las devaluaciones en los importes adeudados por el sector privado.

En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín cerró el ciclo mediante nuevas normas del BCRA. En el expediente empujado por Olmos se apunta que entre la deuda privada asumida por el Estado se incluyó lo que las filiales argentinas les debían a sus casas matrices. Entre los principales deudores del sector están Cogasco, Autopistas Urbanas, Celulosa Argentina, Acindar, Compañía Naviera Perez Companc, Alto Paraná, Bridas, Alpargatas y los bancos Río, Italia, Galicia y City Bank.

Alejandro Olmos, el investigador de la gran estafa

Alejandro Olmos no pudo ver el resultado concreto de un trabajo que le llevó 18 años. Murió en abril del año 2000. Y, un mes y medio después, el juez Jorge Ballestero se animó a darle la razón en un fallo histórico en el que estimó que el procedimiento de endeudamiento exterior fue ilegal e inmoral.

Olmos trabajó hasta los 76 años en una causa que sumó quinientos cuerpos gracias a su insistencia en aportar datos y más datos. Para eso convirtió a su departamento, un pequeñísimo ambiente céntrico, en un laboratorio repleto de papeles con una vieja computadora que usaba con tipografías gigantes, una PC que dejaba siempre encendida y sin carcasa por consejo de algún conocido, una silla que apenas lo contenía y un ventilador.

Olmos hizo todo. Investigó la gran estafa. Convenció a muchos sectores políticos de la relevancia de demostrar en la Justicia los ilícitos que alimentaron la deuda. Visitó todos los lugares que pudo para contar los detalles de su trabajo. Escribió un libro para sintetizarlo. No se dio por vencido.

Fue también un hombre clave de la resistencia peronista, fundador del diario Palabra Argentina, un periodista perseguido, encarcelado tantas veces, al fin, un tipo austero y cabeza dura. Con un gran sueño.

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