Lo que se discute son los dos años que faltan

Por Joaquín Morales Solá

Hoy o dentro de una semana empezará a caer en el Congreso el decreto que dispuso un aumento sideral de las tarifas de gas. El propio Congreso recuperaría, poco más tarde, todas las facultades delegadas al Ejecutivo, mediante 1900 leyes, durante un siglo y medio de historia institucional. Sin embargo, no todo está perdido para el Gobierno: una parte importante de la oposición sostiene que algunas de esas facultades deberían ser devueltas al Ejecutivo, aunque acotadas. El caso más iridiscente es el de las retenciones a la soja: los legisladores le fijarían un techo al Gobierno, con un porcentaje específico, después del cual deberá pedir la aprobación del Congreso.

El Senado o Diputados necesitarían hoy la aprobación de los dos tercios de cada uno de los cuerpos para tratar cualquiera de los dos proyectos que existen para anular el decreto del tarifazo para el consumo de gas. La mayoría simple está en las dos cámaras, pero no es seguro que estén los dos tercios. Los proyectos pasarían, en el caso de que no se lograran los dos tercios, para la semana próxima, cuando se necesitará sólo de una mayoría simple para tumbar el aumento.

El Gobierno tiene otro problema: sin una ley del Congreso, los jueces están anulando en muchas provincias el aumento de las tarifas de gas. Les ordenan a las distribuidoras que confeccionen nuevas facturas en las que se cobre sólo el consumo y no el dinero destinado al fideicomiso para hacer obras o para pagar importaciones.

La oposición quiere revisar, precisamente, el destino de esos recursos que irían a los extraños fideicomisos de Julio De Vido.

¿Cuál sería el techo de las retenciones a los productos agropecuarios? La Corte Suprema de Justicia señaló que más del 33 por ciento es confiscatorio. Ese podría ser un nivel, según legisladores oficialistas.

Resulta, con todo, que en la Cámara de Diputados se está analizando un proyecto opositor para reducir al 30 por ciento las retenciones a la exportación de soja, según las actuales condiciones.

Las retenciones actuales son del 35 por ciento, y las entidades agropecuarias aceptaron impuestos a las exportaciones de soja del 25 por ciento.

Si el techo de libre disponibilidad del Gobierno fuera del 33 por ciento, la administración estaría en condiciones de subir cualquier nivel de retenciones, y en cualquier momento, hasta esa cifra. "Ese el centro crucial de la discusión de ahora", señaló un líder de los legisladores opositores.

Los legisladores oficialistas se desgajan. Es cierto. Sufren intensas e insoportables presiones del Ejecutivo para cubrir las últimas líneas de defensa de un gobierno frágil. También es cierto.

No hay buenas noticias (indispensables para el éxito de la política) y tampoco existen compromisos afectivos o ideológicos con los Kirchner. Los supuestos y últimos amigos del matrimonio presidencial gestionan y votan a desgano.

Pero ¿cómo están los opositores? Radicales y socialistas están cumpliendo a rajatabla el "teorema Baglini". "La responsabilidad de las organizaciones políticas es proporcional a su grado de cercanía con el poder", dijo una vez el entonces diputado radical Raúl Baglini.

Esa descripción del realismo se inscribió en la política argentina como el "teorema Baglini". Dicho de otro modo: la irresponsabilidad en las cuestiones de Estado sólo se da entre los que no tienen esperanzas de llegar al poder.

Los radicales creen que Julio Cobos podría ser el próximo presidente elegido de la Argentina.

Los socialistas gobiernan Santa Fe y esperan compartir la fórmula con Cobos.

El vicepresidente trabaja todo el día, despierto y dormido, por su candidatura presidencial.

Las encuestas de hoy señalan que Cobos es el presidenciable que cuenta, en las mediciones actuales, con mayor cantidad de adherentes. "Hoy es el próximo presidente de la Argentina", aceptó, desconsolado, un peronista notable.

Cobos tiene una limitación: debe llegar hasta febrero o marzo de 2011 para renunciar a la vicepresidencia en busca de la candidatura presidencial.

Una aceleración brutal de los tiempos electorales colocaría al vicepresidente, y al radicalismo, en un brete inaguantable. Cobos detesta la sola idea de renunciar en medio de una crisis, pero aborrece aún más la posibilidad de hacerse cargo del gobierno como consecuencia de una crisis.

El radicalismo no lo acompañaría en tales circunstancias. No deben darles ellos a los Kirchner, entonces, el argumento de que la oposición los acorraló hasta empujarlos del poder.

Esas son las restricciones de los no peronistas. Los peronistas tienen como organización política sus propios márgenes. Carecen de candidato a presidente o, en el mejor de los casos, disponen de uno solo: Carlos Reutemann.

El senador tiene tiempos que los peronistas no reconocen como propios. "Estoy calentando motores", suele responder Reutemann, lacónico y esquivo, cuando le preguntan por su proyecto presidencial.

Daniel Scioli, Juan Manuel Urtubey y Alberto Fernández están trabajando en una alternativa peronista en condiciones de romper la opción entre Reutemann y Kirchner. Nadie sabe cuál será el destino del gobernador bonaerense, si es que tiene destino.

El salteño Urtubey es conocido y respetado por la dirigencia política, pero necesita todavía de un proceso de instalación en los distritos más populosos del país. Necesitan, en fin, tiempo.

El mismo tiempo que necesita el otro peronismo, el que rodea a Reutemann, o el que precisan también el radicalismo, el socialismo y el cobismo.

A ninguno le conviene un violento adelantamiento del calendario electoral. Los Kirchner se benefician más de los intereses de los otros que de la solidaridad que despiertan.

Quedan franjas no peronistas o peronistas duramente disidentes que sólo están pendientes del rencor a Néstor Kirchner. Todo hay que decirlo.

El ex presidente ha hecho mucho, a lo largo de su vida en el poder, para carecer de amigos o de simples adherentes en la hora de su desgracia. Es el instante en el que la política carece del condimento de la racionalidad para llenarse del aderezo de las pasiones.

No son sólo el gas o las retenciones a la soja lo que se discute en el Congreso; el debate lleva implícitas posiciones sobre los dos años de gobierno que restan.

El matrimonio presidencial y su proyecto final de poder no son ajenos ni al debate ni a su resolución. Ellos también deben decidir qué quieren.

Comentá la nota