La discusión que se dio en la reunión de la comisión de medio ambiente del Concejo Deliberante del jueves 3 de este mes al respecto de la responsabilidad empresaria en torno a la disposición de residuos comerciales en la ciudad promete ser una suerte de último round entre el bloque de la UCR y la intendencia Arroyo.

El debate es una consecuencia lógica de la actual situación económica que golpea a todos los sectores, y que abre discusiones en torno a la rentabilidad del comercio, jaqueado por la caída de las ventas, el aumento del costo operativo, y una incomprensión de normas básicas de convivencia en torno a las responsabilidades ambientales que involucran a todos por igual.

La ordenanza que enmarca el debate sobre cuál es el modo adecuado, cuáles deberían ser los operadores y cuál el costo del servicio de contenedores para uso y disposición de residuos de origen comercial, data de la intendencia de Blas Aurelio Primo Aprile. Por otro lado, la que impone el costo de la gabela por peso arrojado a disposición final data de 2002, y fue votada, entre otros, por el concejal Mario Rodríguez.

Hay un reclamante —un vecino— que explota el negocio de verdulería y frutería en el barrio de la Perla, el cual se niega  sistemáticamente a hacerse cargo de sus responsabilidades y reparte la basura que genera en bolsas que distribuye por toda la cuadra. En cada ocasión en que ha sido notificado, reacciona con violencia, incluso física.

Es muy bonito aplaudir a Greta Thunberg, o hacer declaraciones a favor del medio ambiente, el tema es sostenerlo cuando a cada uno le toca su parte de las obligaciones que surgen de hacer el planeta sustentable. Ahí, todo cambia.

Subida al colectivo del concejal Rodríguez —votante de la ordenanza hoy cuestionada—, la edil Angélica González se pronuncio por cambiar el criterio de los contratos de recolección de residuos y terminar con el monopolio. El interrogante ahora es saber a qué monopolio se refiere la señora. Si es el de la recolección general, éste está vigente en la ciudad desde que Mario Roberto Russak dio de baja el contrato de Venturino SA. De ahí en más, todas las administraciones renovaron sistemáticamente con el mismo comitente, cuestión en la que hay que merituar un aspecto crucial: el poder del Sindicato de Camioneros. Toda evaluación del tema sin considerar este factor, hace que los pronunciamientos sean baladíes.

En referencia a los proveedores del servicio de contendores, hay dos operadores en Mar del Plata, los cuales son privados y ninguno de está vinculado a Transportes 9 de Julio. De hecho, si los ediles quisieran que haya más oferta, podrían proponerlo, nada lo impide. Lo que no cambia es la carga que implica el pago de tasas y gabelas que requiere el Estado para, entre otras, cuestiones pagar la fiesta fenomenal de la que viven los deliberativos, como el de Mar del Plata, con su festival de contratos a queridas, acuerdos políticos, y caja propia de los integrantes de la famiglia política vernácula.