La discusión salarial, un tema esquivo para el gobierno de turno

Con la recaudación impositiva en baja y un panorama desolador en el campo de la economía y el trabajo producto de la crisis financiera internacional, las provincias se preparan para confrontar con los sindicatos estatales que, del mismo modo que los privados, comienzan a reclamar aumentos salariales en discusiones que, este año, no tendrán un "techo" previsible.
Aquí, el gobierno de Beder Herrera ya rechazó la posibilidad de otorgar un aumento general y ratificó su decisión de recategorizar parcialmente.

En medio del fragor que había desatado la estatización del sistema previsional privado y evidentemente para sumar a favor del gobierno de Cristina Kirchner, el jefe de la ANSeS -Amado Boudou- se adelantó a garantizar un aumento en las jubilaciones del 18 % para este año. Aunque la suba esté divida en dos partes y por lo mismo el efecto en el bolsillo resulte un porcentaje inferior a ése, lo cierto es que Amado Boudou instaló una pauta que puede jugar en las discusiones salariales.

Economistas del propio gobierno nacional dicen que el estado de la economía no tolera un aumento del 18 %: en su opinión, ni siquiera uno del 15 % y tal vez tampoco un 13 %. Más tajantes todavía son los ministros provinciales, enfrentados a apremios fiscales crecientes: en algunos, el número ronda el 12 %.

En la mayoría de los presupuestos provinciales, La Rioja incluída, el incremento salarial de 2009 es un casillero vacío y sólo está contemplado el efecto arrastre de las subas dispuestas durante 2008. Pero es un dato cierto que para el grueso la cuenta sueldos significa la mitad del gasto total, o sea, que lo que haya pega fuerte en el balance fiscal.

En las próximas semanas, la discusión se iniciará con los gremios docentes, siempre previa al comienzo de las clases. Cualquiera sea el resultado final, es obvio que arrastrará demandas similares del resto de los empleados públicos provinciales: policía, sanidad, judiciales y otros.

Los ingresos provinciales están muy atados a la evolución de la economía, hace meses en franco retroceso. Eso pega en IVA y Ganancias, pilares en lo que les llega por la coparticipación. Y en Ingresos Brutos, de lejos la mayor fuente de recaudación propia.

Además, padecerán -igual o más que la Nación- por el bajón de la producción agropecuaria, que encima sacude al movimiento comercial en las ciudades del interior y a otras actividades ligadas al campo. Falta de políticas de mediano plazo para el sector o políticas de hecho, más sequía.

Desde ya, a las provincias les toca nada de los recursos que van al Estado Nacional por la estatización del sistema previsional privado. Lo mismo pasa con las retenciones a las exportaciones y los derechos de importación. O con el Impuesto al Cheque, de donde reciben 15 % y la Nación se queda con el 75 % restante. Pagan también por el costo fiscal de la emergencia agropecuaria, incluso más que la Nación. Y así contribuyan con mucho, su parte en la recaudación tributaria total se ha reducido a menos del 30 %.

Por donde se lo mire, relación desigual, plata, entre el poder central y los gobiernos provinciales. Y también mucha dependencia de la caja que se maneja desde Olivos, siempre valiosa y ahora jugada en el tiempo electoral.

En ese contexto, aquí el gobierno de Beder Herrera ya rechazó la posibilidad de otorgar un aumento general y ratificó su decisión de recategorizar parcialmente a los sectores mas retrasados en el escalafón y de mayor antiguedad. De ser así, el incremento no impactará en la enorme masa asalariada, agobiada por el paulatino aumento de la canasta familiar, especialmente la alimenticia.

Por eso los sindicatos, unidos o divididos, deberán decidir si volverán a insistir con sus "viejos" reclamos de aumentos de sueldos. La mayoría, pidió, hasta fines del año pasado, que el sueldo de bolsillo trepe a 1.500 pesos y el básico a 1.000, una necesidad que no parece entrar en las previsiones del gobierno.

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