Hay disconformidad con el crédito fiscal para los empleados públicos.

El coordinador ministerial Marcelo Sosa explicó que el Estado bonifica, a través del crédito, los gastos que el empleado de la administración pública debería retirar del sueldo.
En el tema de viviendas, ese monto del crédito podrá destinarse a saldar las cuotas atrasadas de las viviendas, y para las computadoras, se aplica directamente a las cuotas que el empleado esta pagando. "A partir del cumplimiento de las obligaciones fiscales que debe tener todo empleado y que es exigible", manifestó Sosa. "Se registra cuando se imputa al crédito fiscal al cumplimiento de tal o cual obligación tributaria".

El crédito no tienen orden de prioridad, sino que la decisión del destino depende del empleado, siempre que se mantenga dentro del pago de cuotas de viviendas, plan de computadoras o los impuestos provinciales. "El Estado debe fomentar el cumplimiento de las obligaciones", señaló el Coordinador.

La Provincia invierte en el crédito fiscal para la administración pública un monto de 32 millones 400 mil pesos. Ésta suma de dinero generará una caída en la recaudación del Gobierno. Sin embargo el Coordinador de Hacienda, desmintió que se trate de hacer un ajuste a los demás. "La Provincia de San Luis es muy seria en la administración de sus finanzas. Las medidas que se toman no es que no se han dimensionado los efectos directos mediatos e inmediatos", aseguró Sosa.

La medida impulsada por el Gobierno, tiene vigencia durante el 2009, y cobra vigencia a partir del mes de abril. En el caso de algún empleado que no pueda utilizarlo, el crédito sólo puede ser reutilizable en los tres destinos previstos, ya mencionados, es acumulable. Debido a versiones que trascendieron de la venta o transferencia del crédito, sólo se puede ceder a los familiares directos, padre, madre y cónyuges.

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