Ley de Discapacidad: “Se necesitan recursos presupuestarios, personal y definir prioridades”, dijo Kerz

Luego de meses de trabajo en los que intervinieron legisladores, organismos estatales y entidades abocadas a la temática, el proyecto de ley de discapacidad fue sancionado. Un plazo de seis años establece la iniciativa para su plena vigencia.
En plena campaña proselitista, en la Biblioteca Popular, el licenciado Jorge Kerz recuerda haber adelantado que en caso de llegar a ocupar la banca para la que estaba postulado, se ocuparía de la ley de la discapacidad.

“La vez que fui a la Biblioteca Popular, lo único que hice fue decir lo que iba a hacer y ese era uno de los temas”, repasó el diputado provincial para comentar que “fue así que lo trabajamos durante el año”, y tuvo media sanción el jueves 18 de diciembre y sanción definitiva en el Senado, el pasado día 22.

El texto sancionado reúne un proyecto autoría de Kerz junto a un grupo de legisladores; otro del diputado Jorge Busti; otro que había sido presentado por el senador Carlos Garbelino y la opinión de organizaciones intermedias que lo tuvieron a disposición para hacer aportes.

Todo fue dando lugar a diversas correcciones hasta confluir en un texto que el propio legislador define como “una buena ley porque fue hecha con acuerdo”.

No obstante, señaló que le faltan dos aspectos sobre los que “hay que seguir trabajando”.

La referencia fue a la doble escolaridad que se tendría que pagar en el nivel secundario -al igual que en el primario-, y una jubilación especial para los padres, empleados del Estado, que tienen chicos con discapacidades.

“Son dos temas en los que quedó pendiente lograr los acuerdos suficientes”, manifestó, sin desestimar que pueda haber otros.

“Hay cosas por cambiar y cosas por mejorar”, sintetizó el diputado Kerz cuando se lo consultó acerca de si la ley modifica situaciones o da mayor jerarquía institucional a lo que ya se estaba haciendo respecto de la discapacidad en el Estado entrerriano.

“El lenguaje de señas en las oficinas de la Administración Pública, servicios en hospitales para personas que no tienen obra social” menciona como ejemplos para advertir que no se trata de todos servicios que pueden implementarse de un día para otro.

Es por esa razón que el texto contempla un plazo de seis años “para la implementación plena” de la ley, lo que permitirá ir organizando prestaciones que no existen o mejorando lo existente.

“Se necesitan recursos presupuestarios, personal y definir prioridades”, admitió Kerz para, en el lapso señalado “tener la implementación plena de las cuestiones que más cuestan”.

Cinco años, en tanto, es el plazo que el articulado prevé, a propuesta de la Secretaría de Transporte, para que los colectivos también se adapten.

“Las adecuaciones establecidas en el transporte público provincial por el artículo 41°, deberán ejecutarse en un plazo de cinco (5) años a partir de la reglamentación de la presente Ley. Su incumplimiento podrá llevar a la cancelación de la concesión del servicio”, plantea la norma.

Organismos

El texto aprobado incluye al Instituto Provincial de la Discapacidad al que define “órgano de aplicación (de la ley) y responsable de que estas políticas se apliquen. Por eso, cada organismo del Estado cuando lleva adelante la función que le asigna la ley, lo hace en coordinación con el Instituto, de modo que es el que supervisa las acciones”, puntualizó Kerz.

Es el caso de la Dirección de Trabajo, por ejemplo, va a tener que paulatinamente incorporar competencias referidas al acompañamiento a alguna empresa particular que quiera orientarse para incorporar una persona con discapacidad, o readaptar un puesto para alguien que se incapacitó.

“Ahí interviene Trabajo y el Instituto que supervisa o acompaña. Es así como adquiere mayores atribuciones en lo que tiene que ver con el control y la autoridad de aplicación”, ejemplificó el diputado.

Asimismo, se incluyó el Consejo Asesor del Instituto Provincial de Discapacidad, con funciones similares a las actuales pero consolidado a partir de tener el respaldo legal.

En este punto destacó que “en la ley, se previó que las organizaciones que formen parte del Consejo son las que tienen como exclusivo fin la discapacidad, de modo que en función de la norma quede exactamente determinado de qué entidades se trata”.

Plazos

En cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos en el articulado, Kerz indicó que “el optimismo (en que se cumplan) está dado porque la temática de discapacidad en la actualidad tiene un grado de instalación en la opinión publica suficiente para tener en cuenta estas cosas”.

Comentó que son muchos los que por iniciativa propia han ido aprendiendo lenguaje de señas por lo que, “no es distante pensar -dedujo- que empleados públicos en mesa de entradas puedan tener la predisposición, ante la invitación del Estado, de aprenderlo o incluso, de asistir a una capacitación para comunicarse con personas con discapacidad”, confió.

Asimismo, el trabajo en varias oportunidades durante la confección del proyecto con Educación Especial, con el ministro de Salud, con la Dirección de Trabajo, de Transporte, con el Iosper, ya sea por consultas o en la redacción misma del texto, animan la confianza del legislador.

Ciento ochenta días previó la ley para la reglamentación, de ahí que existen expectativas en que algunas novedades se vean rápidamente implementadas, como por ejemplo las becas, las licencias, el régimen para el personal del Instituto, mientras que otras demandarán más tiempo.

Novedades

No son pocas las novedades que incorpora el proyecto sancionado, a través de diversos artículos.

“La ayuda escolar doble es mucho más amplia que antes”, enumeró Kerz con relación al artículo que estableció que “el monto de la asignación por escolaridad obligatoria y no obligatoria se abonará duplicado cuando el hijo, de cualquier edad, tuviese el certificado de discapacidad y concurra a establecimiento oficial o privado supervisado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial; así como la concurrencia a establecimiento oficial o privado supervisado por autoridad competente en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente.

Aludió también a la educación no formal con respecto a los jardines de infantes antes de cinco años. “El Consejo General de Educación en coordinación con el Instituto Provincial de Discapacidad, garantizará el acceso oportuno, permanencia y egreso de la educación a las personas con discapacidad, desde la educación inicial hasta la educación superior”, reza el artículo correspondiente.

El personal del Instituto empezará a regirse por la Ley de Salud Mental. “Todo agente que preste o hubiese prestado servicios en el Instituto Provincial de Discapacidad, se considera comprendido a los efectos jubilatorios por la Ley Provincial Nº 8281, debiendo computarse a estos efectos los años de servicio prestados efectivamente en el ámbito del Instituto Provincial de Discapacidad”, expresa uno de los párrafos del artículo 46.

También el texto incorpora cambios en las funciones de la Dirección de Trabajo en cuanto a la discapacidad y del mismo modo para la asignación por parte del IAPV en planes de Vivienda.

En este sentido, en cuanto a la preadjudicación, determina que el IAPV en función de las discapacidades existentes en los miembros de la familia debe orientar específicamente el tipo de construcción.

Un capítulo específico asigna a cultura, recreación y deporte y organiza un régimen especial de licencias pos parto en el ámbito de la Administración Pública, entre otros ítems.

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