El dirigente político fue absuelto

Ante la carencia de pruebas ventiladas en el debate, el ministerio público desistió de la acusación contra el dirigente Jorge Lezica, quien estuvo imputado de amenazar a un grupo de beneficiarias de planes sociales para que destinaran un porcentaje del dinero percibido por el plan social. Más de medio centenar de militantes de la CCC se movilizó a las puertas de la sede judicial apoyando al líder del movimiento de desocupados en Tandil.
Singular jornada ayer se vivió en el juzgado Criminal N° 1. Con una movilización de militantes de la Corriente Clasista y Combativa apoyando al referente local que estaba en el banquillo de los acusados y una sensación extraña que luego, en medio de la audiencia, iba a tener su correlato en el ministerio público fiscal. En efecto, el fiscal Luis Piotti, ante el sorpresivo cambio en el contenido de las declaraciones de las testigos citadas y la literal fuga de las principales denunciantes, motivó a que desistiera de la acusación, por lo que el Tribunal dispuso la absolución de culpa y cargo a Jorge "el mono" Lezica.

Tal lo adelantado en la edición de ayer, la justicia ayer arribaba al juicio contra el dirigente político Jorge Lezica, referente de la Corriente Clasista y Combativa, quien tuvo se mayor exposición mediática en los crudos años de crisis de 2000 a 2003, precisamente tiempo en que se activó una denuncia que ahora promovía la audiencia oral y pública por el delito de exacciones ilegales.

Empero, la instancia penal arribada tuvo más de político que de lo que estrictamente se pretendía resolver: el reproche penal que le cabría al dirigente a partir de denuncias de beneficiarias de planes sociales que en su momento -a fines de 2003- fueron remitidas al ministerio de Trabajo y derivó luego en la fiscalía.

Ya el juicio comenzó con cierta tensión, a partir del enojo del Tribunal por los bombos que se escuchaban fuera del recinto, lo que promovió que el doctor Pablo Galli le indicara a integrantes de la agrupación que los hiciera guardar silencio, de lo contrario suspendía la audiencia. Posteriormente, la controversia se trasladó a la exposición de las partes, siendo que el fiscal adelantó que si bien la primaria imputación se mantenía en el delito de exacciones ilegales, de lo que surgiría en el debate podría caber la acusación por el delito de coacciones.

Más precisamente, el primero de los delitos alude a que será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionado público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden), mientras que el segundo de los delitos denunciados el artículo 149 bis del Código Penal reza que "será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad".

En efecto, el fiscal Piotti adelantó que se iba a intentar demostrar que Lezica en la figura de coordinador y ejecutor de los planes sociales, mediante amenazas le exigía dos pesos a cada uno de los beneficiarios para el funcionamiento de la organización, como así también la "obligación" de concurrir a los piquetes para mantener los planes sociales.

El defensor oficial, Carlos Kolbl, puso especial reparo en el cambio de imputación que adelantó el ministerio público fiscal, para luego enfatizar que Lezica no era un funcionario público por lo que no se le podía endilgar el delito en cuestión.

Tras las diferencias técnicas jurídicas sobre lo planteado al inicio de la jornada, llegó el turno de los testimonios, y con ellos iba a desembocar en lo inesperado: desistir en la acusación ante tamaña duda sobre los verdaderos dichos de las mujeres que ayer –más precisamente en hace un par de años- y lo que ahora contaron frente al Tribunal.

Una y cada una de las mujeres citadas se mostraron reticentes y contradictorias a lo que habían expuesto oportunamente en la instrucción, lo que promovió el llamado de atención por parte del mismo fiscal. Las mujeres en cuestión, hace un par de años habían sostenido que Lezica manejaba los planes sociales y que se exigía 2 pesos para mantener la organización de la agrupación de lo que cobraban del plan social. Ahora, afirmaron que Lezica era uno más de la agrupación y que el dinero en cuestión se entregaba voluntariamente, resuelto en asamblea.

Tras las contradicciones fragantes de un trío de testigos, finalmente llegaron otras declaraciones de mujeres que oportunamente fueron beneficiarias del plan social en cuestión, que de alguna manera dejaron entrever que recibieron cierta presión a la hora de participar de las movilizaciones o entregar los dos pesos, pero rápidamente las apreciaciones fueron relativizadas. De todas formas, podía servir al ministerio público como prueba suplementaria para escuchar los relatos más esperados, los que precisamente habían motivado con certeza la investigación y consecuente imputación al dirigente. Más precisamente dos mujeres identificadas con el apellido Rusanisky.

La sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal advirtió al Tribunal que dichas testigos, que en la previa estuvieron esperando para ingresar al recinto, se habían retirado del edificio judicial sin paradero concreto, lo que mereció que una diligencia policial fuera en su búsqueda.

En el mientras tanto, prestaron declaración otros testigos, como el del ex secretario de Desarrollo Local, Carlos Bassi, en tiempos de gobierno de Indalecio Oroquieta. El ex funcionario reseñó cómo se enteraron de la denuncia concreta que este grupo de mujeres había prestado a ellos mismos, lo que motivó el traslado al ministerio de Trabajo.

Ya sin margen para más testigos y ante la impotencia del fiscal de saber que la causa se caía por su propio peso, indicó a los jueces que las testigos clave del caso no fueron halladas, que incluso la policía se dirigió al domicilio de una de ellas y su propio concubino dijo desconocer del paradero.

Piotti pidió dirigirse al estrado del Tribunal y en presencia del defensor oficial, anticipó lo que luego expresaría ante el público presente. Desistía de la acusación ante la falta de prueba que evidenció el debate. Sin más, el Tribunal adelantó su veredicto absolutorio y desató la satisfacción de los muchos presentes que fueron a respaldar a Lezica, quien tras la resolución reiteró que ahora el juicio le daba la razón, acerca de una persecución política, acusando incluso con nombre y apellido .

"Todo fue armado"

Ya aliviado de su situación procesal, Jorge Lezica mostró su satisfacción por el rápido desenlace, considerando al respecto que "quedó en claro que las compañeras han sido inducidas. Hubo una concejal que promovió esto y ellas no pudieron sostenerlo en el juicio".

"Las cosas fueron armadas, aquí tuvo metido el gobierno kirchnerista, de la mano de la (ex) concejal Corina Alexander, quien motorizó todo esto junto a otro grupo de mujeres. Nosotros todo lo resolvemos en asamblea, por eso ninguna podía sustentar lo que en su momento denunciaron.

Todo por dos pesos

Por Guillermo Liggerini

La curiosa causa que ayer arribó a su fin tuvo como disparador la denuncia que un grupo de mujeres que recibían planes sociales hicieron a las autoridades comunales. Más precisamente acusaron que se le exigía un porcentaje del dinero percibido (dos pesos de los 150), para la logística de la organización no gubernamental.

Sin embargo, como se refleja en la crónica, aquellos dichos carecieron de sustento a la hora de tener que ratificarlo ante el Tribunal. En definitiva, quedó una sensación extraña. Tal vez algunos -aquellos que integraron la ruidosa manifestación en las puertas de la sede judicial- convencidos que su presión sirvió para cambiar la historia que otros querían escribir. Sin embargo, debiera dejarse sentado que dicha movilización no hizo más que predisponer mal a los actores judiciales a la hora de sopesar las sospechas sobre las metodologías utilizadas a la hora de administrar planes como voluntades.

Más aún, ante semejante manifestación cabría la duda si aquellas mujeres, especialmente las que huyeron de la cita pautada, no hicieron lo que hicieron por miedo, por una posible "apretada" lo que resultaría más grave aún de lo que ayer se ponía en debate.

La otra rareza y/o duda sería en sentido contrario. Cómo se destinó tiempo y dinero en lo que implica el funcionamiento judicial para semejante vulnerabilidad instructiva. Una causa tan débil que se fundó en declaraciones de mujeres que de buenas a primeras, de un par de años a esta parte, cambian sustancialmente sus dichos. Un fragante paso en falso de aquellos funcionarios que se encargaron de llevar adelante una causa que ayer cerró, sin más.

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