Qué diría la Corte si hubiera un planteo contra ‘Gran Cuñado’

Por Pablo Abiad

Periodista y abogado. Director de Comunicación en Litigios de Llorente & Cuenca

La caricatura de la presidenta Cristina Kirchner habla a los gritos, maquillada cada centímetro, mientras se deja peinar por un jefe de gabinete muy parecido al Sergio Massa de carne y hueso. A un costado de ambos, el falso Aníbal Fernández descalifica a la oposición, a la prensa y a los demás habitantes de esta casa de Gran Cuñado

El remedo del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, enarbola una calculadora como prueba de la precisión con la que se obtienen las estadísticas oficiales en las oficinas a su cargo. ‘¡Gorila!’, le dispara al imitador titubeante del vicepresidente Julio Cobos, que no sabe contestar sí ni no a las preguntas elementales del conductor del programa.

En Showmatch, dos noches por semana, estos y otros funcionarios o candidatos son parodiados de un modo particularmente severo. No deja de ser curioso: la dirigencia política argentina es dueña de índices bajísimos de popularidad en relación a otras instituciones, pero -a través de sus peores rasgos y en tono de sátira- protagoniza el programa con más audiencia de la televisión nacional. Por más que la crítica sea frívola y liviana, a cada uno se lo ataca por un flanco débil: el autoritarismo, la irrelevancia de su gestión, los manejos turbios, las vacilaciones.

¿Qué ocurriría si alguno de estos políticos dejara de disimular su enojo y se decidiera a pedirle a la Justicia que mande a morigerar estas burlas? En concreto, ¿qué suerte correría un planteo judicial fundado en el derecho al honor o la dignidad de estos funcionarios públicos? A lo largo de su historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó al menos seis sentencias relacionadas con sátiras más o menos parecidas a las de Gran Cuñado; sólo en un caso prevaleció el derecho a la libre expresión.

Esa única excepción se dio en 1992, al revocar una medida cautelar a favor de la jueza María Servini de Cubría. Enterada de que un programa del recordado Tato Bores iba a pasar un sketch sobre ella, Servini logró que un juez dictara una orden de censura previa. El sketch se reemplazó por la canción de ‘la jueza Baruburubudí’. "La sátira social o el humorismo político tienen plena protección", concluyó la Corte.

El criterio bien podría aplicarse a las imitaciones de Gran Cuñado. Mucho antes, en 1972, la Corte entendió que un medio dedicado al humor político -‘El Champi’, de La Rioja- no era lo suficientemente serio para publicar una sentencia en la que se lo condenaba por una injuria cometida en sus páginas. En 1998, el Tribunal limitó estas críticas mordaces al confirmar una condena contra la humorista Gabriela Acher y sus guionistas, que tomaron en broma el apellido de un juez de familia -Cancela- para representar cómo se atiende en Tribunales a las personas sin recursos económicos.

El mismo año que dictó el fallo ‘Cancela’, la Corte menemista favoreció al ex senador Eduardo Menem y a la ex funcionaria María Julia Alsogaray. En el caso de Alsogaray, la revista Humor había publicado una serie de fotos trucadas bajo el título ‘El destape de María Julia’. La Cámara Federal porteña se refirió al ‘tono jocoso’ de la publicación y a la obligación de los funcionarios de tolerar las críticas fuertes. La Corte calificó la resolución de ‘dogmática’ y la dejó sin efecto.

En 2003, el ex arquero José Chilavert tuvo la misma buena suerte contra la misma revista, que lo calificó de ‘paparulo’ y de ‘dueño de un estúpido ego’. La Cámara Comercial sostuvo que ‘es intrascendente la ironía o la sátira de una nota, si se vierten expresiones agraviantes o injuriosas’. La Corte lo confirmó y condenó a Humor.

Sin embargo, esta doctrina no se ajusta a los tratados internacionales de derechos humanos, que le conceden mayor importancia a la libertad de expresión frente al honor de las figuras sometidas al escrutinio público como los dirigentes parodiados en Showmatch. De hecho, con su actual composición, el año pasado, la Corte Suprema tuvo oportunidad de establecer que "los debates ardorosos y las críticas penetrantes son el principal instrumento para sostener la democracia participativa" (caso ‘Patitó’).

No hay indicios de que los jueces sean seguidores de Gran Cuñado. Pero parece difícil que a esta altura puedan apartarse de este criterio.

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