Una ex directora del IPV estuvo 12 horas demorada por extorsión

Es Rosa Amaya, hasta hace unos días funcionaria. Ayer declaró ante el juez Roberto Lemos y se le dio la eximición de prisión.

La escribana Rosa Aurora Amaya Blasco, hasta hace unos días integrante del directorio de Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), estuvo demorada por más de 12 horas por una causa que, por extorsión, investiga el titular del Segundo Juzgado de Garantías, Roberto Lemos Reynoso. En la mañana el magistrado le había tomado declaración indagatoria y anoche, después de que se cotejaran sus antecedentes, se le dio la eximición de prisión.

La profesional esperó su libertad, concretada cerca de las 9 de la noche, en la oficina de guardia del Palacio de Justicia.

El tema viene de vieja data y se relaciona a una denuncia formulada por una ex empleada de su estudio notarial de calle Montevideo.

El trámite tuvo, inicialmente, una variante cuando fue recaratulado por coacción agravada (un delito menos grave al inicial) y que estuvo a punto de prescribir, pero la Cámara del Crimen ratificó la imputación inicial que había hecho el doctor Eduardo Martearena, respondiendo a un planteamiento presentado por la denunciante con el patrocinio del abogado Tomás Azpilcueta, logrando que la causa quedará definida como extorsión, delito que contempla una pena mínima de 5 años de prisión, que lo hace técnicamente en inexcarcelable.

A fines del año pasado, concretamente el 31 de diciembre, en "tiempo de descuento", teniendo en cuenta que ese día no hubo actividad oficial, aunque el Segundo de Garantía estaba de turno, se enviaron las notificaciones respectivas, pero de inmediato entró en feria.

De ahí que la respuesta llegó recién los primeros días de febrero, oportunidad en que la escribana Amaya Blasco fue citada a prestar declaración indagatoria. Ese trámite se concretó ayer -con la presencia de Tomás Azpilcueta, como querellante y la defensa a cargo de Roberto Lavado- y tras el interrogatorio, el juez Lemos Reynoso, sin resolver la cuestión de fondo, consideró estar ante la presencia de un hecho, que en esta etapa de la causa, se encuadra en el delito de extorsión por lo que de inmediato ordenó la detención de la profesional.

Según recuerda hoy Mónica Araya, ex empleada de la escribanía, hace unos años atrás, la titular notarial Amaya Blanco la denunció por el no pago de unas facturas (delito del que la mujer fue sobreseída definitivamente) y la obligó a firmar un documento en blanco y transferir un vehículo, lo que fue hecho bajo amenazas e inclusive con la participación de dos abogados, que llegaron hasta su domicilio donde se apoderaron del rodado y lo estacionaron en la playa del Colegio de Escribanos, sobre Patricias Mendocinas.

Después, acompañada por esas mismas personas, fue hasta las oficinas del Correo Argentino desde donde debió enviar un telegrama de renuncia.

El caso pasó también por la Justicia Federal para determinar el verdadero comprador del auto, oportunidad en que se determinó que la persona que lo había adquirido, un posible testaferro, sobre el que ahora pesa una averiguación de paradero, por cuanto se desconoce su domicilio actual.

El artículo 168 del Código Penal, primera parte, dice:"Que será reprimido con una pena de 5 a 10 años, el que obligue a otro a poner a su disposición con intimidación cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".

Comentá la nota