El detenido ex director del área Internacional de la estatal brasileña Petrobras, Nestor Cerveró, volvió a hablar en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia para la reducción de su condena, y habría denunciado que recibió sobornos en Angola para que fueran derivados a la campaña para la reelección en 2006 del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según el diario O Estado de São Paulo, Cerveró les habría dicho a los fiscales que entre 40 y 50 millones de reales (entre 9,9 y 12,3 millones de dólares) fueron depositados con aquel fin en las cuentas del gobernante Partido de los Trabajadores.

De acuerdo con el documento entregado por las autoridades a la Procuraduría General de la República y citado por el diario de San Pablo, el supuesto soborno surgió de la compra por un valor de 300 millones de dólares de bloques petrolíferos en Angola por parte de Petrobras.

El Instituto Lula, orientado por el ex presidente y que hace las veces de vocero oficial, señaló que “no comentaremos supuestas delaciones y menos supuestos acuerdos de delación filtrados (al público) de forma selectiva, parcial y probablemente ilegal que alimentan a un mercado que busca beneficios penales y titulares sensacionalistas”.

El ex ejecutivo de Petrobras señaló que Manuel Domingos Vicente, que presidía el Consejo de Administración de la petrolera estatal angoleña Sonangol, “fue explícito” al afirmar que de ese negocio de 300 millones de dólares “retornaron a Brasil valores de entre 40 y 50 millones de reales”. La negociación, según Cerveró, fue conducida “por los altos escalones de los gobiernos brasileño y angolano, teniendo como representante del lado brasileño al (entonces) ministro de Hacienda, Antonio Palocci”.

Los desvíos en Petrobras, que la estatal calcula que pudieron costarle al Estado unos 2000 millones de dólares en una década, llevaron a prisión a cinco ex directores de la empresa y a una veintena de ejecutivos de importantes compañías  –básicamente del sector de las construcciones civiles–, además de la investigación de una cincuentena de políticos oficialistas y de todos los partidos de la oposición. Si bien las investigaciones encaradas por la Fiscalía no han sido cuestionadas, se cree que el grueso de los hechos que están bajo la lupa no surgió del trabajo de los expertos del  ministerio público sino de los dichos de los detenidos, realizadas bajo el régimen de la “delación premiada”.

El tema ha puesto contra las sogas al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo días atrás que éste es el principal aliado del combate a la corrupción. “Quien más pregonaba el juicio político de la presidenta hoy se da cuenta de que el gobierno es quien más combate a la corrupción”, dijo Cardozo aludiendo a la empresaria Rosángela Lyra, quien pasó de organizar actos a favor de la destitución de la mandataria a defenderla por la libertad que ha otorgado a los organismos del Estado en la lucha contra ilícitos.