Los legisladores del PJ -a excepción de los de La Cámpora- aceptarán el argumento defensivo según el cual no podía inmiscuirse con instrucciones particulares en la causa que llevaban adelante los fiscales de Pico.
Según trascendió de fuentes legislativas, los nueve diputados vernistas (Fernanda Alonso, Martín Borthiry, Alfonso Echeveste, Pedro Etchalus, Carmen Gómez, Silvia Larreta, Mariana Baudino, Juan Pablo Morisoli y Daniel Lovera) y los dos marinistas (César Ballari y Mariano Fernández) se encuentran elaborando la fundamentación de su voto favorable al procurador.
En cambio, los ocho legisladores del FrePam (Martín Berhongaray, Claudia Giorgis, Alejandro Odasso, Juan Carlos Olivero, Hugo Péres, Sergio Pregno, Delma Sánchez y Luis Solana) y los dos diputados de La Cámpora, Luciano di Nápoli y Miguel Ángel Tanos, votarán por apartar del cargo al funcionario.
Esa cantidad de votos, apenas diez sumando a camporistas y frepamistas, no es suficiente para destituir al procurador acusado. Para destituirlo, según fija la ley que reglamenta el juicio político, deben inclinarse por esa alternativa los dos tercios del cuerpo. En este caso, la Sala Juzgadora está integrada por 24 legisladores. Se necesitarían 16 manos levantadas para echarlo.
Todavía están en duda tres votos. Son los del diputado del PRO, Darío Casado, y de los dos diputados de Comunidad Organizada, Darío Hernández y el pastor piquense, Daniel Robledo. Sin embargo, no alcanzan tampoco para inclinar la balanza para ninguno de los dos lados.
La semana próxima, los legisladores de la Sala Juzgadora emitirán su voto. La audiencia definitiva fue programada para el próximo jueves 28 de febrero, a las 10 de la mañana.
El jueves pasado, las diputadas Patricia Lavín, del PJ; Lidia Duperou, del FrePam, y Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, en su rol de fiscales, habían pedido la destitución de Bongianino. En cambio, la defensa, ejercida por los abogados Francisco Marull y Ricardo Rodríguez Salto, alegó por la absolución.
Bongianino llegó a esta instancia con la acusación de mal desempeño que le formularon por unanimidad los diputados que conforman la Sala Acusadora en la Legislatura. Consideraron que no cumplió con su función en la investigación de la desaparición de la niña Sofía Viale, que apareció muerta y su cuerpo enterrado en un patio cercano a su vivienda del barrio Ranqueles, de General Pico.
En su momento los legisladores de la Sala Acusadora no impulsaron la acusación sobre el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, César Rodríguez, que fue salvado de sus responsabilidades en esa primera instancia por los justicialistas y la diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca.
La denuncia fue presentada inicialmente por asesores del bloque legislativo del FrePam. Por el caso, también se abrió un jury contra el exjefe de los fiscales de General Pico, Carlos María Salinas. En esa oportunidad, la denuncia la promovieron los diputados del PJ.
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