El gobierno necesita 47 millones de dólares para concretar el 35 por ciento que resta de esta megaobra clave para poder abastecer con agua potable a más de 20 localidades del interior provincial. Y ante el retraso del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para girar los recursos la alternativa sería que los recursos sean aportados por un fondo del gobierno nacional, que está dispuesto a financiar la obra. 

Pero los radicales habían solicitado un dictamen de la Fiscalía de Estado que garantizaba que el cambio de sustitución del financiamiento no provocaría una futura demanda por parte del Bndes o de la empresa brasileña OAS.

Este pedido también fue respaldado por el peronismo que consideraba importante contar con este dictamen más allá de que no era una garantía final sino un dictamen que tiene solo validez en el Chaco.

Como esta documentación no llegó ambos bloques acordaron que el tema quede para la siguiente sesión donde también tratarán la integración de la comisión de seguimiento de la obra.

A su vez el retraso generó un visible enoje en algunos legisladores del oficialismo que habían logrado importantes avances, que incluyó también una apertura en los funcionarios del Poder Ejecutivo.

“El gesto del ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, de entregar a los legisladores el borrador que había preparado demostró que todo es transparente y que no hay nada que ocultar con esta obra”, expresó uno de los voceros del bloque.

“La reunión fue pública y se informó sobre todos los puntos que fueron requeridos. Hubo una apertura total pero hoy nos encontramos que algunas oficinas no estuvieron a la altura”, agregaron las fuentes consultadas.

Posición radical

Los legisladores radicales también destacaron la predisposición del oficialismo y del ministro de Economía de la provincia Cristian Ocampo al concurrir a la Comisión de Hacienda para brindar detalles del proyecto.

“Creemos necesario que la Fiscalía de Estado presente documentación respecto de si este cambio de fuente de financiamiento podría desencadenar en algún tipo de acción judicial por parte del Bndes o la propia empresa OAS contra el Estado Provincial”, expresaron.

“También cambiaron las condiciones del nuevo financiamiento: son menos los meses y el interés sería mucho mayor, es decir dos condiciones negativas con respecto al crédito que tenía autorizada la provincia”, indicaron.

“Con esta nueva operatoria que pretende el gobierno provincial se cambia absolutamente la ley anterior y como tal debe tener una nueva ley que implique un endeudamiento nuevo con las condiciones constitucionales de nuestra provincia”, determinaron.

“Finalmente los diputados recordaron que “la Provincia percibió US$ 133 millones de dólares del Bndes, luego accedió al préstamo de 60 millones de pesos a través del Banco Nación para establecer la emisión de cartas de créditos. Ahora la solicitud para gestionar los US$ 47 millones que completarían los 180 millones de dólares solicitados inicialmente. Nadie puede decir que no hemos acompañado todos los pedidos del gobierno provincial para que el Segundo Acueducto sea una realidad”, relataron.