Ayer, miembros de la comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia mantuvieron una reunión con el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Héctor Ugozzoli, para definir los detalles que se incorporarán al proyecto de ley que busca reordenar la política habitacional del instituto.

El proyecto será tratado hoy en el recinto legislativo para establecer un nuevo régimen de recuperación y protección de viviendas sociales, con el objeto de regularizar una situación que mereció la atención de las instituciones del Estado provincial.

La ley tendrá 21 artículos y se dará un margen de 90 días a la autoridad de aplicación para emitir un decreto reglamentario. Será de orden público y no implicará derogación de la ley provincial 6.255, que fuera ya dictada por la Cámara de Diputados.

En declaraciones a la prensa, las diputada provincial por el Frente Cívico, Dra. Alejandra Yositake, explicó que durante la reunión “surgieron algunos nuevos aportes de carácter jurídico al despacho de comisión en lo que respecta a centrar el tratamiento del tema a un objeto principal, que es el recupero de viviendas con función social que se encuentran en una situación de abandono u ocupación irregular”, declaró.

En la reunión de ayer se analizó en forma conjunta el articulado con los distintos aportes realizados para poder actuar dentro de un marco de legalidad, con un procedimiento que asegure el derecho de defensa.

“En definitiva, lo que se busca es cumplir con la política habitacional, posibilitar a cada ciudadano el acceso a una vivienda digna y resolver el problema del déficit habitacional que tiene la provincia”, resaltó.

La legisladora explicó que no se modificará el estatus jurídico anterior sino que se ordenará, para reunir sistemáticamente normas que ya existían, de modo que la administración sea una herramienta ágil.

Por su parte, la diputada Marcela Garnica resaltó que “al constarse la no ocupación de la vivienda está previsto dentro de la ley proceder a la revocación de la adjudicación. El IPVU tiene acciones legales pertinentes para instar a la desocupación o al cese de la actitud irregular por parte del adjudicatario, que haya dado en alquiler, vendido o cedido”, detalló.