Diputados repudió la nueva Constitución de las Malvinas

La Cámara baja calificó como "un nuevo acto unilateral" el documento firmado por la reina Isabel II. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto por el cual rechaza y repudia la nueva Constitución dispuesta por Gran Bretaña para el territorio de las Islas Malvinas.
El proyecto de declaración sancionado ayer a la madrugada por la Cámara afirma que la decisión británica constituye un "nuevo acto unilateral" y "otro desconocimiento más" de las resoluciones sobre la "Cuestión de las Islas Malvinas" adoptadas desde 1965 por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

"La República Argentina reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales, como afirma la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, forma parte integrante del territorio nacional", señala otro de los artículos del proyecto votado por Diputados.

En un comunicado emitido el jueves sobre este tema sensible, la Cancillería argentina puntualizó que "este acto unilateral británico representa una nueva violación al espíritu de los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía relativos al área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido, que tienen como propósito contribuir a la creación del ambiente propicio para la reanudación de las negociaciones".

Las reacciones se producen porque, según el anuncio, el 11 de enero entrará en vigencia la nueva Constitución de Malvinas que la reina Isabel II acaba de aprobar, de acuerdo al informe efectuado por Foreign Office. El texto ignora los reclamos que se hacen ante los foros internacionales para que Londres acepte negociar la soberanía del archipiélago.

La llamada Orden de la Constitución de las islas Falklands 2008 fue aprobada por la Reina en su calidad de jefa de Estado. Sin embargo, Londres no le concedió al gobierno isleño su deseo de restringir a los ciudadanos argentinos -aunque también a otras nacionalidades- la chance de acceder al estatus de isleño, que el Ejecutivo malvinense quería extender exclusivamente a los británicos.

Desde hace años, isleños y británicos vienen negociando la modificación de la Constitución, que data de 1985. En el texto, aprobado dos años después de la Guerra de Malvinas, se les otorga a las islas una enorme autonomía política y económica, no exenta de tensiones con Londres sobre el uso de esos derechos.

A través de la secretaria de Estado, Gillian Merron, los británicos creen que la nueva Constitución es "un instrumento que reforzará la democracia local", al tiempo que retiene suficientes poderes para que el gobierno británico "proteja los intereses de este país y asegure la buena gobernanza del territorio".

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