En la sesión de este martes por la noche, la Cámara de Diputados aprobó varios proyectos. En primer lugar, se abordó el pedido de la Justicia para que se avance en el desafuero de los diputados Sergio Urribarri (ausente en la sesión) y Juan Carlos Darrichón. En este sentido, sin debate ni argumentaciones, el FpV, con mayoría, rechazó los pedidos de desafuero. Desde Cambiemos no hicieron uso de la palabra, sólo Darrichón anunció su abstención. De este modo, se les permirtió a ambos legisladores seguir amparándose enla inmunidad parlamentaria.

Luego llegó el turno del proyecto que proponía la adhesión a la Ley nacional de blanqueo de capitales, iniciativa que fue aprobada.

El presidente del bloque del FpV, Juan José Bahillo fue quien argumentó a favor y destacó que permitirá “invertir en títulos públicos emitidos por el estado”. En tanto, María Alejandra Viola (Cambiemos) calificó como “necesaria” la adhesión a la norma y destacó que “es una herramienta para que los entrerrianos puedan adherir al blanqueo”. Fue aprobada y pasó al Senado.

Más tarde se aprobó el proyecto que dispone una licencia laboral para las trabajadoras públicas víctimas de violencia de género. En este marco, el diputado Juan José Allende pidió que se amplíe el término e incluya también a los trabajadores.

El diputado Daniel Ruberto (FpV) decidió abstenerse porque la iniciativa abarca sólo a las empleadas públicas y excluye al resto.

Luego los diputados aprobaron un proyecto del diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos) por el que se crea un “Fondo de Recompensa” en jurisdicción del Ministerio de Gobierno y Justicia, destinado a retribuir con una compensación dineraria a aquellas personas que sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden al Ministerio Público Fiscal, datos útiles que a criterio de éste resulten determinantes para arrojar luz sobre un hecho.

Finalmente llegó el turno del tratamiento de un proyecto, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, por el que se dispone un nuevo procedimiento penal de menores para la provincia de Entre Ríos.

La diputada Rosario Romero (FpV) argumentó que el proyecto “es de avanzada”, “otorga garantías” y a su vez procura que los menores “se hagan cargo de sus actos”. Fue sancionado.