IPV: Diputados radicales denuncian el otorgamiento de subsidios a funcionarios y amigos del poder

Infoglaciar - Como lo habían anticipado, los diputados de la Unión Cívica Radical, concurrieron a la Procuración General y presentaron la denuncia penal, respecto al otorgamiento irregular de subsidios a funcionarios públicos y allegados al gobierno provincial.
Los mencionados subsidios se entregaron a través del Instituto Provincial de la Vivienda, en el marco del "Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción". Como lo vienen haciendo desde que tomó estado público el tema, los diputados expresaron, que no solo no se cumplió con el objetivo de dicho programa de incentivo, sino que también se otorgaron los beneficios no reintegrables de manera claramente discrecional.

En el mes de septiembre de este año, el bloque de la UCR, solicitó a través de una Resolución de la Legislatura, información respecto a la ejecución de dicho programa y la nómina de beneficiarios de los subsidios. A partir de esta documentación, emitida por el IPV, se observó que entre los beneficiarios, se encontraban funcionarios, que según la ley, se encuentran imposibilitados para recibir subsidios del estado.

Haber realizado un dispendio millonario de recursos públicos, para entregar aportes a personas que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, cuando no, funcionarios y sus parientes, constituye un verdadero fraude que perjudica a todos los habitantes de la provincia,

Los diputados de la UCR sentenciaron, "se dió lugar a un verdadero festival de subsidios, beneficiando indebidamente a personas que de ningún modo carecían de recursos como para resultar beneficiarios de este tipo de aportes."

DENUNCIA PENAL

Señor Procurador General de la Provincia del Chubut:

Marta Raso, Roberto Carlos Risso, Carlos Alberto Lorenzo y Carlos Díaz, todos diputados de la Provincia del Chubut, con domicilio en la sede la Legislatura Provincial, al Sr. Procurador General nos presentamos y decimos:

I.- Objeto.

Habiendo tomado conocimiento de la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por funcionarios del Estado Provincial, en nuestro carácter de funcionarios públicos y en orden a la obligación de denunciar impuesta a los funcionarios públicos por el art. 262 inc. 1) del Código Procesal Penal, venimos a formular denuncia a fin de que el Sr. Procurador General disponga la investigación correspondiente en orden a dilucidar los hechos que se exponen y, de determinarse la comisión de los hechos denunciados, promover la persecución penal correspondiente contra sus autores.

II.- Los antecedentes del Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción.

Mediante Decreto 282/09 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 16 de marzo de 2009 invocando razones de necesidad y urgencia, se crea el Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción.

En razón de que el mencionado decreto fue dictado en el marco de las facultades de excepción concedidas al Gobernador por el art. 156 de la Constitución del Chubut, la Legislatura aprobó dicho decreto mediante la ley I n° 394.

Las normas en cuestión crearon el Programa por un plazo de seis meses prorrogables por otros seis; autorizaron la contratación directa de las obras públicas que se llevaran adelante en el marco del aludido Programa; fijaron en la suma de $ 800.000 el límite para la adjudicación directa de obras efectuadas con intervención del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la Administración de Vialidad Provincial (AVP) y la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, con la previa autorización de los Ministros de Economía y Crédito Público y de Coordinación de Gabinete, y en $ 1.500.000 el límite para la adjudicación directa de obras enmarcadas en el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas.

Por el art. 4° de la norma, se dispuso financiar el Programa con un Fondo Anticíclico Laboral, conformado con el 5 por mil del total de cada certificado de obra pública de cualquiera de los organismos mencionados en el párrafo precedente.

Como puede advertirse, el Programa no alteró ninguna de las normas de contratación con excepción de conferir una autorización temporal y excepcional -con vistas a paliar la desocupación del sector expresa la norma-, para contratar en forma directa determinadas obras públicas, en la medida que estas no excedieran de los $ 800.000 o $ 1.500.000 en el caso de las que estaban encuadradas en el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas.

En modo alguno la norma dio lugar a lo que, como se verá más adelante, constituyó un dispendio de recursos públicos por la vía de subsidios entregados sin ton ni son a personas que o bien no contaban con los recaudos exigidos por la ley 24.464 y la normativa sobre vivienda social, o bien eran allegadas directas –cuando no parientes- de funcionarios que se desempeñan en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.

III.- Los subsidios irregulares orquestados por el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

En fecha 30 de marzo de 2009, el Presidente del IPVyDU, Ing. Gustavo García Moreno, dicta la Resolución n° 467/09 mediante la cual, so pretexto de reglamentar aspectos del Programa aprobado por ley I n° 394, da lugar a un verdadero festival de subsidios que habilitan un uso desviado de fondos públicos, perjudicando de este modo al erario provincial y beneficiando indebidamente a personas que en modo alguno carecían de recursos como para resultar beneficiarios de este tipo de aportes, o bien se encontraban impedidos de recibirlos por su pertenencia como funcionarios públicos al staff gobernante.

En este orden debemos manifestar liminarmente que resulta manifiesto que de ningún modo la ley I n° 394 habilitaba transformar una autorización para contratar obras públicas en forma directa de manera excepcional y acotada en el tiempo, con estructurar un esquema de aportes no reintegrables, que en modo alguno es la metodología con la cual el IPVyDU está autorizado a intervenir en el fomento de la vivienda.

El organismo financia la construcción de viviendas mediante la contratación de planes cuyo pago es posteriormente recuperado de los adjudicatarios, o bien concede préstamos individuales para construcción o mejora de viviendas. Básicamente son las dos modalidades de operatorias con las que cuenta y a las que está habilitado a acudir en función de la normativa vigente.

Sin embargo, por puro arbitrio de García Moreno, sin que norma alguna le confiriese competencia jurídica para tal cosa, este último estructuró un sistema de beneficios individuales no reintegrables, que lisa y llanamente importaron transferir de modo discrecional y sin fiscalización alguna, ingentes recursos públicos a particulares.

Llamamos nuevamente la atención del Sr. Procurador General sobre el particular, quien debe tener presente que a la inversa de los particulares, para quienes por mandato del art. 19 de la Constitución federal "todo lo no prohibido está permitido", para los funcionarios públicos la regla es que solo pueden realizar aquellos actos para los que cuentan con competencia y capacidad legal.

En ese orden de ideas, debemos insistir una vez más que García Moreno no solo creó un sistema de subsidios no reintegrables para beneficiar a particulares con fondos públicos sin que norma alguna lo autorizase, sino que además lo hizo contrariando en forma expresa las normas sobre fomento de la vivienda, que de modo expreso mandan que las operatorias de apoyo a los adjudicatarios sean mediante créditos que implican el recupero de los fondos así invertidos, para de este modo poder dar continuidad a los programas.

Es el caso de la ley 24.464, que crea el Sistema Federal de la Vivienda y de cuyos fondos la Provincia del Chubut es tributaria (cfr. art. 3°) -teniendo precisamente García Moreno como presidente del IPVyDU su administración y disposición-, cuyo art. 14 taxativamente dispone que "Los recursos del FONAVI, en el porcentaje que fija esta ley, se destinarán a la financiación de créditos con garantía hipotecaria para la construcción y/o compra, refacción, ampliación o completamiento de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes".

Es decir, ni subsidios ni aportes no reintegrables: créditos, para de este modo permitir el recupero de fondos para dar continuidad a los programas y, de tal manera, beneficiar a nuevos adjudicatarios.

Otro tanto ocurre con la ley XXV n° 5, que regula la actuación del IPVyDU. De sus cláusulas no surge ninguna habilitación para el otorgamiento de subsidios, siendo clara la ley en orden a prever un esquema de préstamos de recupero ineludible, especialmente a estar a lo que disponen los arts. 4 inc. a) y b); 9 inc. j) y m); 11 inc. c); y 16.

Es patente entonces que García Moreno ha actuado no solo sin capacidad legal para disponer el otorgamiento de subsidios, sino que además lo ha hecho en franca y abierta contradicción al sistema legal que vigente en materia de vivienda social.

Lo ha hecho a sabiendas pues por su función y años que lleva en la misma no podía ignorar que las leyes 24.464 y XXV n° 5 le prohibían hacerlo, como así también que la ley I n° 394 y el decreto 282/09 jamás dieron lugar al otorgamiento de subsidios.

IV.- El otorgamiento de beneficios irregulares a personas no comprendidas en las leyes 24.464 y XXV n° 5.

El esquema de subsidios urdido por García Moreno a través de la ilegal Resolución n° 467/09 tuvo por finalidad otorgar beneficios indebidos a personas que como se dijo más arriba, no reunían las condiciones exigidas para ser adjudicatarios de fondos de vivienda o, en todo caso, se encontraban impedidas de serlo por razón de su función pública y las incompatibilidades legales que de tal status se derivan.

En tal sentido, ya hubo de invocarse el art. 14 de la ley 24.464, cuya parte final dispone que solo pueden orientarse dichos fondos a la "[…] construcción y/o compra, refacción, ampliación o completamiento de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes".

Por su parte, la ya mencionada ley XXV n° 5 establece pautas análogas en sus arts. 1° párrafo tercero; 4° inc. a); b) y c); 9° inc. d) ym); y especialmente lo que disponen los arts. 14° y 15°.

De la nómina de personas beneficiadas por García Moreno se desprende que no se han cumplido en absoluto dichas pautas, concediéndose un beneficio exorbitante, ilegal y carente de la obligación de devolución, a personas de sobrado patrimonio, con vivienda propia, como así también a funcionarios públicos que en mérito a lo que dispone la Ley de Ética Pública (Ley I n° 231)se encontraban además inhibidos por incompatibilidad de recibir tales prebendas.

Sobre esto último resulta revelador algunos de los casos incluidos en la nómina de beneficiarios:

* La Subsecretaria de Modernización del Estado del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Ing. Mariana Valeria Vega.

* La Directora General de Gobierno Digital, Lic. María Florencia Morado.

Además, de la respuesta al Pedido de Informes se desprende que numerosos empleados del IPVyDU accedieron a estos subsidios, así como personal del Ministerio de Educación, Secretarias privadas de funcionarios, (entre ellas del señor Pablo Das Neves) y personal de la Subsecretaría de Infraestructura y Planeamiento.

V.- Los tipos penales presuntamente infraccionados.

Al dictar una resolución que posibilitó la entrega de subsidios no previstos ni autorizados en norma legal alguna, el presidente del IPVyDU Gustavo García Moreno obró con evidente abuso de autoridad, cometiendo de este modo la conducta prevista y reprimida por el art. 248 del Código Penal (abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público).

Al ejecutar dicha resolución, aprobando la concesión de diversos subsidios a personas no comprendidas en la caracterización que establecen las leyes citadas más arriba, consumó también un uso desviado de los fondos cuya administración, custodia y disposición le ha sido legalmente confiada, incurriendo en la comisión de la figura típica del art. 260 del Código Penal (malversación de caudales públicos).

Finalmente, al actuar a sabiendas de que no podía otorgar aportes no reintegrables y de que las personas beneficiarias de los mismos estaban inhibidas de recibirlos por contar con recursos suficientes o por ser funcionarios públicos en situación de incompatibilidad para recibir estos beneficios, García Moreno defraudó la confianza en él depositada, para beneficiar indebidamente a terceros con fondos públicos, llegando a disponer según surge de los informes recabados por estos diputados, la suma de $ 13.005.324. De este modo, se encuentra incurso en la conducta típica de la administración fraudulenta por defraudación en perjuicio de una administración pública, arts. 173 inc. 6° y 174 inc. 5° del Código Penal.

Además de García Moreno, deberá investigarse también la participación criminal que les ha cabido a quienes han tomado parte en la operatoria, sea como funcionarios públicos que concurrieron a habilitar la disposición de los fondos, sea como beneficiarios de los subsidios.

Finalmente, deberá también determinarse la participación en la comisión de los hechos denunciados de los Ministros de Economía y Crédito Público y de Coordinación de Gabinete, por cuanto de acuerdo a lo prescripto por la ley I n° 394, eran los funcionarios públicos que tenían encomendada la misión de aprobar las disposiciones de los fondos del Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción.

VI.- Prueba.

Adjuntamos a la presente la prueba documental reunida por estos diputados en base a pedidos de informes recabados del Poder Ejecutivo Provincial.

En base a ello se adjunta a la presente lo siguiente:

Providencia Nº: 140 Ref. Expte Nº 02845/09/MCG.s/respuesta a pedido de informes solicitado por Resolución Nº075/09.

Providencia Nº: 202 Ref. Expte.Nº 03311/09/MCG.s/respuesta a Resolución Nº 116/09/HL.

Copia Versión Taquigráfica sanción Ley I Nº394.

Copia Decreto 282/09.

Recortes Periodísticos.

VII.- Petitorio.

Del Sr. Procurador General solicitamos:

1°) Tenga por presentada la presente denuncia penal.

2°) Asigne el caso al Fiscal General que estime corresponder.

3°) Se dispongan las medidas preliminares para posteriormente disponer la apertura de la investigación preparatoria, imputándose el hecho al ing. Gustavo García Moreno como autor principal y estableciéndose también los partícipes y eventuales coautores.

Provea de conformidad

Será Justicia.-

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