El texto, que ha sido charlado y cosecha varias adhesiones, contempla la posibilidad de que las empresas fraudulentas no vuelvan a ser contratistas del Estado al tiempo que le reclaman al organismo recaudador provincial que divulgue los nombres de las firmas involucradas. Esas tres consignas son los ejes de la iniciativa que prepara el megabloque para contrarrestar el impacto de la millonaria defraudación a la Administradora. Para el diputado Juan José Albornoz (FpV-Gualeguay), que promueve la idea, el problema está en el dinero y no en la política."Lo que proponemos es que se elimine el artículo 75 de las compensaciones porque lo han utilizado para perjudicar al pueblo.

Los que eluden cifran millonarias no son un taxista o un changarín, son empresas que tienen cientos de millones", dijo a RecintoNet el diputado Albornoz que empuja la iniciativa para dejar sin efecto las compensaciones. Se trata de la derogación del artículo 75 de la ley 9621 que modificó el Código Fiscal y permite la compensación de deudas tributarias con acreencias contra el Estado por parte de un contribuyente. "Lo que planteo es primero, eliminar la compensación porque se ha utilizado en perjuicio del Estado; segundo, que los empresarios involucrados no puedan volver a trabajar con el Estado y, tercero, solicitar a la ATER que dé a conocer la nómina de los empresarios que defraudaron al Estado, porque además de la condena judicial, tiene que haber una condena social para que todos sepamos quiénes son los señores que siendo tan acaudalados sobornan a los empleados para beneficiarse.

Para esto es necesario que la ATER de a conocer los nombres de los empresarios", exigió Albornoz a contrapelo de Marcelo Casaretto, el administrador, que se amparó en el secreto fiscal para no revelar los nombres. Según el legislador de Gualeguay hay que "buscar un mecanismo para que se sancione a los que hayan incurrido en esta defraudación de modo tal que nunca más puedan ser proveedores del Estado. Hay que ser ejemplares, porque la corrupción no es un problema de la política, es un problema del dinero. Cuando uno ve una maniobra tiene que analizar a quién se beneficia y si hay alguien debe 20 millones, el que se beneficia no es el empleado que gana cinco mil pesos", evaluó.