Los diputados provinciales se aumentaron un 12% los sueldos

La suba en sus salarios no fue dada a conocer públicamente, como suele ocurrir con el resto del dinero que perciben los legisladores para destinar a sus colaboradores gastos y subsidios. En total son 72.500 pesos mensuales. En agosto, los diputados ganaban 8.400, ahora pasaron a cobrar 9.600

Septiembre llegó con aumento para los diputados provinciales, que se incrementaron en un doce por ciento sus salarios. A partir del mes pasado, los legisladores pasaron a cobrar 9.600 pesos mensuales de bolsillo, mientras que hasta agosto ganaban 8.400 pesos mensuales, según confió un diputado a Hoy. La suba no se dio a conocer públicamente, como sucede cada vez que hay un aumento salarial en cualquier otro sector de trabajadores del Estado.

La cifra representa el monto neto que percibe un diputado, descontados todos los aportes e, incluso, la cuota que se destina del sueldo al partido político que que representan.

El aumento salarial en secreto se suma a que la mayoría de los legisladores mantienen bajo cuatro llaves el monto al que asciende la totalidad de los gastos y en qué destinan ese dinero.

Además, el miércoles pasado la Legislatura bonaerense sancionó un aumento de cerca de veinte millones de pesos en el presupuesto del cuerpo, que para este año estaba previsto en 266 millones, de acuerdo a la ley sancionada en diciembre pasado. Sin embargo, los legisladores modificaron esa cifra aumentándola a cerca de 284 millones.

El proyecto de ley para incrementar el presupuesto del cuerpo fue votado por la unanimidad de los diputados presentes al momento de su tratamiento en la Cámara baja. Sólo se abstuvieron de votarlo algunos legisladores del bloque de la Coalición Cívica que se negaron a bajar al recinto y los que estaban ausentes.

La iniciativa para aumentar los gastos del cuerpo fue tratada sobre tablas, es decir, sin análisis previo en las comisiones legislativas y en primer término. Ese día, la Cámara alta sesionó en paralelo porque se debían sancionar dos leyes importantes: la modificación a la ley de Ministerios para crear la cartera de Asuntos Agrarios y la ley Antitabaco. Pero en el pase de una Cámara a otra, llevado a cabo minutos antes de las 22, se incluyó el aumento del presupuesto de los diputados. Y otra vez la iniciativa no tuvo resistencia en el recinto. Sólo se abstuvieron de votarla los senadores de la Coalición Cívica.

Antes de la suba, cada uno de los diputados provinciales gastaba como mínimo cerca de 72.500 pesos mensuales. Esa cifra surge de los montos que cada uno de los parlamentarios percibe en concepto de sueldos, propios y de sus colaboradores; por los subsidios que otorgan; por las becas y por los viáticos.

Sin embargo, el monto corresponde a los legisladores que menos reciben. Los presidentes o vicepresidentes de las 35 comisiones parlamentarias que tiene la Cámara baja designan un relator, con un sueldo de 3.000 pesos por mes. Además, las autoridades de la Cámara baja pueden nombrar al menos cinco asesores con sueldos de entre 3.000 y 5.000 pesos. En algunos de esos casos, todo sumado, la cifra aumenta a más de 100.000 pesos por mes.

Además de los sueldos de cada legislador, los diputados disponen de 3 mil módulos de 17,68 pesos, que suman 53.040 pesos por mes para repartir entre sus colaboradores. Cada persona que designan no puede superar los 341 módulos, es decir, un sueldo de $ 6.000 mensuales.

Los diputados también cuentan con 4.500 pesos para repartir en becas de marzo a diciembre, y 2.500 pesos mensuales de viáticos.

Finalmente, reciben subsidios que entregan a entidades de bien público, a personas indigentes o se destinan a la realización de actividades de interés para la comunidad. Ese monto es de 40.000 anuales para los diputados, distribuidos en 10.000 pesos por trimestre. Pero en pocos casos se publicita a quiénes van destinados.

Kirchner se duplicó el sueldo en 2006

La decisión de los diputados bonaerenses tiene un antecedente en el decreto que firmo el entonces presidente Nde la Nación, Néstor Kirchner, en 2006. La medida fue presentada con el objetivo de transparentar los ingresos de los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, ya que al mismo tiempo se derogaron los gastos protocolares.

Según el decreto, “los criterios para la asignación” de esas sumas eran reservados y “el monto a otorgar” dependía “de la discrecionalidad de los funcionarios facultados para su concesión”.

Mediante el decreto, también fue eliminado el tope de $ 6.000 que había establecido Kirchner para los miembros de la administración pública nacional al derogar el anterior, de $ 3.000, que había fijado durante su fugaz paso por la presidencia Adolfo Rodríguez Saa en 2001. De esa manera, los básicos se equipararon a los que estableció el gobierno de Carlos Menem.

El decreto también indicó que la medida apuntaba a “recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector público nacional”, y a “reconstituir una genuina pirámide salarial en función de las responsabilidades”.

La valoración social de los salarios políticos

Por Fernando Straface (*)

La decisión de los legisladores bonaerenses de aumentar sus salarios reavivó el debate sobre el llamado “costo de la política” y sobre la transparencia de los mecanismos para su financiamiento. Desafortunadamente, el proceso de decisión que llevó adelante la Legislatura de la provincia Buenos Aires sobre el tema potencia un círculo vicioso que contribuye a la pérdida de legitimidad social de la función política.

Los salarios políticos “formales” reflejan el punto de valoración que una sociedad tiene de las funciones políticas. Dado el nivel de cuestionamiento general que existe hacia la actividad política, dicha valoración es generalmente baja en nuestro país. De allí que, por resguardo de las reacciones sociales sobre el “costo político”, los salarios políticos “formales” generalmente reflejan sólo una parte de los ingresos reales percibidos por los funcionarios. Además, las decisiones sobre salarios políticos se llevan a cabo de manera repentina y hermética, hacia el final o al principio de un período de gobierno, con la intención de “minimizar” el costo político asociado con el tema. Como consecuencia, el déficit de transparencia de las decisiones sobre salarios políticos incrementa el cuestionamiento social hacia las funciones políticas, lo cual reaviva el círculo de deslegitimación.

Detrás de la dinámica señalada hay, por un lado, una clase política temerosa de plantear un debate sincero y transparente sobre los niveles salariales adecuados para las funciones políticas. Por otra parte, existe cierta hipocresía social en relación con demandar mérito e independencia en la función pública y, al mismo tiempo, cuestionar cualquier iniciativa que pretenda sincerar la discusión sobre las remuneraciones gerenciales en el Estado y en los cargos políticos.

Existe un amplio espectro de hombres y mujeres que, frente a la posibilidad de ingresar en el Estado en un cargo gerencial o iniciar una carrera política, toman en consideración la remuneración asociada con la función. Para quienes se proponen hacer política de manera honesta, éste no es un tema menor. Y no está mal que así sea. La dedicación a la política no puede ser un lujo exclusivo de quienes tienen ingresos suficientes por otros medios legales o se financian utilizando al Estado cada vez que

acceden a un cargo público.

Mucho se habla en estos días de la necesidad de renovar la política. Sobran los proyectos de reforma política y las iniciativas llevadas a cabo tanto por el gobierno como por la sociedad civil. No sería malo incorporar en dichos esfuerzos un debate profundo y serio sobre los salarios políticos. La calidad de la política, su capacidad de innovación y de representación de intereses diversos aumentará en la medida en que disminuyan las barreras de entrada al juego político. Cuando la actividad política se convierta en algo menos alejado de la comprensión y las aspiraciones posibles del conjunto de los ciudadanos, aumentará su reconocimiento como una actividad esencial de la vida en sociedad y, por ende, su legitimidad.

(*) Director del Programa de Política y Gestión de Gobierno de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

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