Diputados mantienen reserva por la investigación de la Cámara

Se habría pactado no emitir declaraciones fuertes hasta finalizadas las averiguaciones. Juan José Bergia, presidente de la Legislatura, dijo que «de comprobarse las irregularidades, la Justicia se hará cargo de las sanciones»
El diputado por el Frente Grande, Daniel San Cristóbal, informó a este matutino que la investigación por irregularidades referido al «Operativo Retirada» en torno a las supuestas designaciones de familiares y la desaparición de bienes de la Legislatura, mantiene su curso y estima que en un mes contarían con pruebas concretas.

Agregó que es muy prematuro emitir una conclusión medianamente firme, dado que la investigación lleva pocos días y que se está avanzando con las averiguaciones.

El silencio mediático fue concertado para no tener suposiciones, y el presidente del Legislativo, Juan José Bergia, avala la actitud y sigue de cerca el caso, manteniendo constantes charlas con San Cristóbal, que está al frente de la investigación y «cuenta con toda la confianza del presidente de la Cámara», según expresó.

Sin embargo, de comprobarse las anomalías, Bergia aseguró que los responsables deberán responder ante la Justicia, sin dar mayores detalles y mostrando prudencia frente al que podría ser un escándalo legislativo.

Pasos con cuidado

La investigación que se inicia, lo que según se dice que será un año candente en el recinto legislativo, se lleva a cabo por la designación de familiares. El caso más resonante es por el cargo que habría habilitado la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mastandrea, para su hijo Lisandro Illia, con un salario equivalente al 75% de lo percibido por los legisladores, el contrato fue transferido el 11 de diciembre, un día después de la designación de Bergia, militante radical del Mopar, contrario a la línea rozista. Sin embargo, la validez de los contratos fue cuestionada y recogió distintas posturas entre los miembros del legislativo, ya que algunos lo consideran viable, dado que no inflinge ningún reglamento estipulado, mientras que otros consideran que quiebra la Ley Provincial 5428 de Etica y Transparencia en la función pública.

Asimismo, contundentes fueron las declaraciones del diputado por el bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, quien no mostró sorpresa alguna ante el suceso, ya que, según él, en el anterior recambio legislativo ocurrió lo mismo, agregando que fue testigo de cómo en un carro llevaban dos aparatos acondicionadores de aire, propiedad de la Legislatura, haciendo referencia a la supuesta falta de objetos denunciados en este caso.

En la corriente investigación, el diputado San Cristóbal fue nombrado por Bergia como auditor interno, quien estudia la situación de los 230 contratos que mantiene la Cámara que significan $1.343.000 mensuales; es decir, más de $16 millones al año.

Sin embargo, los primeros resultados de este trabajo fue la caída de los contratos que otorgaban los directores. Con esta primera medida se comienza a ahorrar $620 mil mensuales.

«El que trabaja en la Legislatura tiene que estar tranquilo», expresó Bergia días atrás a este matutino, asegurando que aquellos contratos que no cumplan funciones «caerán».

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