Diputados justicialistas solicitan la suspensión del cobro de impuestos indebidos

Silvina Frana y Mario Lacava solicitaron al Ejecutivo la inmediata suspensión del Decreto 1149/08 por el que se pone en funcionamiento el Régimen de Recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, así como la aprobación del protocolo complementario a las denominadas normas sobre SIRCREB, facultando a la API a dictar las normas para su funcionamiento.
Los diputados provinciales Silvina Frana y Mario Lacava (PJ-FPV) solicitaron al Poder Ejecutivo la inmediata suspensión del Decreto 1149/08 por el que se pone en funcionamiento el Régimen de Recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, así como la aprobación del protocolo complementario a las denominadas normas sobre SIRCREB, facultando a la API a dictar las normas para su funcionamiento.

Al mismo tiempo, los legisladores solicitan la inmediata devolución sin compensación ni retención por ningún concepto, de los importes cobrados en forma indebida.

Este requerimiento obedece a que los resultados de la aplicación del mencionado decreto resultan confiscatorios para los contribuyentes, básicamente para aquellos que no son sujetos alcanzados por el impuesto y deben realizar un trámite adicional para su reconocimiento, mientras tanto el dinero que le fue retenido indebidamente queda por un largo tiempo en las arcas de la provincia provocando un grave perjuicio económico a los mismos.

Los diputados hicieron responsable al Poder Ejecutivo de aplicar una medida de carácter general para destinatarios de diferente condición, generando una situación de injusticia manifiesta toda vez que se realizan retenciones a productores agropecuarios, profesionales independientes y un sinnúmero de ciudadanos y entidades, las cuales desarrollan actividades exentas según lo legisla el Código Fiscal en su artículo 160°, incisos l y "ñ".

En consecuencia, la suspensión solicitada del Decreto deberá hacerse hasta tanto se clarifiquen no solo los reales destinatarios de su aplicación, sino también los efectos que esta medida produce, ya que estas normas utilizadas discrecionalmente afectan las garantías constitucionales en lo referente al derecho de propiedad y también generará a la API innumerable cantidad de reclamos y recursos, provocando perjuicios para las arcas públicas.

Las necesidades de financiamiento no pueden resolverse de cualquier manera y mucho menos confiscando ilegalmente a los que menos tienen.

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