Diputados investiga la causa de Pereyra.

Por unanimidad, le pidieron un informe a la Corte de Justicia.
En un hecho poco común, los diputados resolvieron ayer por unanimidad pedirle un informe a la Corte de Justicia sobre el polémico caso Pereyra, el ex comisario que está acusado de querer asesinar a Hugo Naranjo y que podría quedar libre porque a la Justicia se le vencieron los plazos. Ayer, los legisladores hablaron de demoras en el expediente y quieren saber quién o quiénes son los magistrados o fiscales responsables y si basta para iniciar un Jury de Enjuiciamiento.

Apenas se supo que Pereyra estaba en condiciones de salir porque pasó tres años detenido sin una sentencia, los diputados anticiparon que iba a intervenir y ayer cumplieron esa promesa. Todos, sin excepción, levantaron la mano para hacer uso de poder de control y avanzar con una investigación sobre el trámite de la causa y las razones de las demoras.

La mayoría no quiso hablar de demoras, pero el hecho objetivo es que se venció el plazo máximo que permite la ley para que una persona esté en prisión sin tener una sentencia. Y en consecuencia, el imputado quedó en condiciones de esperar en libertad el juicio oral y público. Aunque dos recursos buscan ahora neutralizar la revocación de la prisión preventiva.

Los únicos que dieron por sentado el retraso judicial fueron los diputados basualdistas. "Evidentemente hubo demoras, no se cumplieron los plazos que dice la ley y ahora hay que ver por qué pasó", aseguró la presidenta de esa bancada, Lucía Sánchez.

En la Legislatura afirmaron que no es usual que los diputados le pidan informes al Poder Judicial y mucho menos, por una causa judicial en trámite. El oficialista Víctor Muñoz Carpino argumentó la decisión: "la Constitución no da la facultad de pedir informes y este caso ha despertado la preocupación de la sociedad y creemos que hay que revisarlo para ver qué pasó".

La resolución de los diputados viene precedida por una larga batería de declaraciones cruzadas, la mayoría coincidentes en que hubo demoras y que hace falta una profunda autocrítica. El fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, fue el primer en hablar. Dijo que el caso avergüenza al Poder Judicial y pidió autocrítica. La Corte de Justicia salvó su participación y evitó decir si hubo o no morosidad.

El expediente revela que la Sala III tardó más de cuatro meses en resolver una apelación, la Corte casi seis meses en expedirse en un recurso y que parte de la prueba pedida por la querella, supuestamente innecesaria y autorizada por el juez Guillermo Adárvez, insumió más de siete meses.

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