En ese proyecto -que para avanzar necesita la aprobación de la Legislatura-, solicitan al Poder Ejecutivo que envíe a la Cámara de Diputados una copia del expediente administrativo Nº 14970/2008 completo desde su inicio.

“El presente Proyecto Resolutivo surge a partir de diferentes hechos acontecidos en las últimas semanas en referencia al replanteo de obra e inicio del segundo tramo Acueducto Río Colorado (Santa Rosa-Gral.Pico)”, dijo Claudia Giorgis, una de las autoras del proyecto.

La licitación de esta obra fue en el año 2009 y la firma del contrato entre el Gobierno y las empresas Supercemento y OAS data de marzo del año 2013. “A lo largo de estos años, casi no ha habido información al respecto, y llamativamente, a horas de abrirse los comicios electorales, donde el propio Ejecutivo jugaría un rol protagónico, aparecen anuncios y se da inicio a una obra cuyo expediente estuvo paralizado durante algunos años”, manifestaron los legisladores.

Dijeron que pretenden “despejar dudas” de la obra. “Abocados al desarrollo de los argumentos que motivan el presente pedido, se deja sentada la necesidad de acceder al expediente 14970/2008 referido a la construcción del II tramo Acueducto Río Colorado, con el objeto de transparentar el proceso y despejar todo tipo de dudas que pudieran surgir a partir de los últimos hechos acontecidos y la información periodística vertida en relación a este tema”, sostuvieron.

¿Por qué este pedido de informe? “Fundamentalmente porque los últimos datos públicos del accionar oficial del gobierno de la Provincia en torno al mismo datan de la firma del contrato en marzo de 2013, sin conocerse ninguna otra acción hasta los primeros días del mes de julio del presente año donde sorpresivamente se firma el acta de replanteo y aparentemente se da inicio a la obra”, dijeron.

Es importante destacar, sostuvieron, que desde la firma del contrato se debían contabilizar 30 días para el acta de replanteo y 90 días corridos para el proyecto ejecutivo. Y también desde esa fecha se contabilizan los 750 días corridos, como plazo de obra, a partir del acta de replanteo. “Ahora bien, el gran interrogante es qué sucedió desde abril del 2013 (en que debió firmarse el acta de replanteo y a partir de allí empezar a correr los plazos) hasta julio de 2015 donde el gobernador (Oscar Jorge) de manera repentina suscribe esa acta. Cuáles fueron las acciones que llevó adelante el Poder Ejecutivo Provincial en estos más de 2 años transcurridos”. 

Dijeron que se debe evitar otro Megaestadio. “No sería justo que la sociedad pampeana tenga que afrontar nuevamente las nefastas consecuencias de la inacción, de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de hacer como ha ocurrido con el Megaestadio, otra obra importante en la provincia inconclusa”, dijo.

“Un ejemplo de esta inacción son las propias declaraciones públicas del titular de la Administración Provincial del Agua (NdeR: Miguel Díaz), quien sí presenció la rúbrica del acta, cuando plantea ‘Dentro de los próximos 90 días vamos a tener el proyecto y estableceremos los lugares donde se comenzará a trabajar’. Es realmente inédito que luego de la firma del contrato y antes del replanteo se haga una suspensión de más de 2 años”, explicaron. 

Otro aspecto significativo que “genera interrogantes” es que aparentemente se habrían cambiado las condiciones del pliego, cuando no resultó el financiamiento brasilero. “Estas circunstancias habrían hecho modificar el pliego sobre la marcha, porque ahora es el Gobierno nacional quien financiaría el 100% de la obra. Ahora bien, si las condiciones del pliego cambiaron, evidentemente no se sancionó a la empresa por esa falta de financiamiento externo. De comprobarse esto, se estaría ante una ilegalidad”.

Era requisito para la adjudicación el compromiso firme de financiamiento, en los términos ofertados, emitido por la entidad financiera respectiva. Es decir, la ausencia del cumplimiento de este requisito implicaba la revocación del acto de adjudicación, sin compensación alguna para el oferente, y con la consiguiente ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, recordaron.

“Estando claro además que si la falta de cumplimiento en el compromiso de financiamiento por parte de la empresa ocurría antes de la firma del contrato producía el rechazo de oferta. Y si ocurría después, daba lugar a la revocación del acta de adjudicación y por lo tanto el llamado a una nueva licitación”, dijo. “A la luz de los acontecimientos públicos que intentamos dilucidar, este requisito tan categórico parece haberse omitido y no haber sanción alguna para los oferentes”. 

Otra cuestión a aclarar es la Documentación General y los Antecedentes Empresarios. “En efecto, era también un requisito gravitante para la apertura del Sobre Nº 1 de esta licitación la presentación de los 3 últimos balances generalesy estados de resultados de las empresas además de acreditar activos líquidos por montos expresado en pesos a valores del año 2009”, sostuvieron.

“Es importante conocer si se ha verificado el estado de situación actual de las empresas ya que al haber transcurridos 6 años de la presentación de sus Balances hoy pueden no tener la misma confiabilidad. Esta es otra duda que resulta de suma importancia aclarar”, manifestaron.

La situación es aún más alarmante, si se tiene en cuenta que, directivos de alto rango de una de las empresas que forma parte la UTE han sido procesados en el año 2014 acusados de realizar coimas en Brasil. Incluso una de ellas habría entrado en “default” en enero d este año, según diarios brasileros. “En este panorama, se considera más que oportuno y urgente verificar lo acontecido en el expediente de la obra que nos ocupa”, sostuvieron.

“No queremos someter a los pampeanos al riesgo de que la empresa no pueda cumplir o que la empresa no la pueda realizar. Y la provincia tampoco tendrá la capacidad para responder por ello atento a los montos grandísimos que se manejan. Todos celebramos el progreso de La Pampa, sobre todo en cuestiones tan esenciales como es el acceso al agua potable, de calidad. Nadie duda de la necesidad de esta obra tan ansiada por las localidades de nuestro norte provincial que requieren agua de calidad. No obstante, se deben aclarar las dudas planteadas para evitar que al cabo del tiempo nos quedemos sin el agua, sin la obra y sin los recursos para afrontarla”. 

También, dijeron, no pasó desapercibida en esta sorpresiva tramitación del Ejecutivo Provincial la ausencia de la firma de Jorge Giménez, en aquel momento aún ministro de Obras y Servicios Públicos, en el acta de “replanteo de obra” días atrás. “Esta situación poco frecuente se interpreta con más claridad cuando a la brevedad es pública la indeclinable renuncia del Ministro Giménez, a tan sólo cuatro meses de mandato, filtrándose en la prensa local, que el exfuncionario no acordaba con el proceder del gobierno respecto a esta obra, así como tampoco con la demora en la rescisión del contrato de INARCO S.A en referencia al Megaestadio. 

Incluso transcribieron declaraciones de Giménez a Diario Textual. “No firmé porque es un expediente muy complejo y cuando yo llegué al ministerio ya estaba muy avanzado. El gobernador me pidió que lo iba a manejar él. Por eso no lo firmé... No lo firmé porque nunca lo tuve", dijo a este diario.

Los legisladores opositores reclamaron transparencia. “Por tratarse la construcción del segundo tramo del Acueducto Río Colorado la obra más importante en monto de nuestra provincia, rondando hoy los 1365 millones de pesos, y por la jerarquía de su objeto, es que se solicita, a través de esta herramienta, conocer cuáles han sido las acciones desarrolladas hasta aquí para asegurar que el apego a la ley esté presente en el desarrollo de esta trascendente obra. Es por ello que estamos solicitando que el Ejecutivo Provincial remita a esta Cámara de Diputados copia total del expediente mencionado”, finalizaron.