Diputados del Frente Cívico y Social piden el 82% "móvil"

Los diputados provinciales electos Guillermo Galván, Judith Díaz Bazán y Juan Amado, expresaron la necesidad que el Gobierno provincial "otorgue el 82 por ciento pero móvil", a los futuros jubilados y que sus lugares vacantes en la administración pública "sean cubiertos por concurso" entre los actuales contratados.

De esta manera, los legisladores electos del Frente Cívico y Social fijaron su postura frente a la decisión del gobernador Beder Herrera para que en los próximos meses alrededor de 3 mil empleados públicos puedan acceder al beneficio jubilatorio.

"Hay que alertar y aclararle a los actuales empleados en condiciones de jubilarse, que el 82% no incorpora la movilidad de los haberes previsionales –dijeron- y en este sentido la medida bien podría ser pan para hoy y hambre para mañana".

"Si calculamos que la inflación de este año rondará el 25%, y que la de 2010 será casi igual, implica que el que se jubile este año ya perderá una buena parte de sus haberes sólo por inflación, sin contar lo que le costará la luz , el gas y los impuestos. Por eso, sería bueno que el Gobierno garantice la movilidad de ese 82 por ciento que se ofrece, pues de otra manera a nadie le convendría jubilarse", remarcaron.

Por otra parte, los diputados electos ratificaron su compromiso público asumido en la campaña electoral, de "garantizar mediante una nueva ley de acceso a la administración pública, que en el caso, de producirse vacantes en el Estado como consecuencia de la jubilación de los actuales empleados públicos".

"Esos cargos -admitieron- deben ser cubiertos mediante concurso por los contratados, quienes en la mayoría de los casos, lleva prestando funciones como si fuera un empleado del Estado desde hace más de 7 años promedio. Con esto queremos evitar que accedan a esos cargos vacantes los punteros políticos, parientes o amigos de los funcionarios de turno".

"Hay que recordar que hay empleados que trabajan de manera precaria con contratos básicos desde hace 10 ó 12 años, con salarios de 250 pesos, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin la estabilidad laboral que tiene el resto; sin vacaciones, ni licencias por maternidad, lactancia, enfermedad y sin siquiera percibir la quincenita", coincidieron.

"Esta desigualdad, sumada a que el Estado es el principal empleador en negro, fue denunciada ante el Defensor del Pueblo de la Nación, en su reciente visita a la Provincia.", expresaron.

"Durante la campaña electoral desde el Frente Cívico y Social asumimos el compromiso de llevar adelante las acciones necesarias para que los contratados del Estado dejen de ser los parias de la administración pública provincial", manifestaron los legisladores electos.

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