De esta manera, el Gobierno tiene diez días de plazo para presentar toda la documentación solicitada. "Pensábamos que el oficialismo nos iba a rechazar este pedido pero entendieron que no hay nada que ocultar y que el tema debe ser lo más transparente posible", dijo el diputado del Frente para la Victoria, Sergio Amieva. El pedido de informe se fundamenta en que todos los 28 de febrero de cada año, los Intendentes Comisionados deben enviar a la Contaduría General de la Provincia una copia del Inventario General valorizado con las indicaciones de las altas y bajas producidas durante el ejercicio.

Con la intervención de Contaduría General, se deben enviar también una copia al Tribunal de Cuentas y al Programa Asuntos Municipales. La normativa también impone la obligación del Contador General de controlar el cumplimiento de esta obligación por parte de los Intendentes Comisionados. "Toda esta documentación servirá para sumar pruebas ante la justicia sobre la autodonación de terrenos que se hizo Leyes cuando estaba al frente de La Calera", comentó Amieva.