Los diputados no creen en las excusas del Superior Tribunal

Los legisladores provinciales es evidente que no creen en las excusas del Superior Tribunal de Justicia para no poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, y le pondrán plazo al pedido efectuado por el Poder Judicial para postergar nuevamente su implementación.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales se conocerá recién el jueves 13 de agosto, y lo que es seguro es que el proyecto enviado por el STJ no tendrá viabilidad, ni por el lado del Justicialismo, ni tampoco en las bancadas opositoras.

Ayer estuvieron en esa comisión la presidenta del STJ, Rosa Elvira Vázquez, y más tarde lo hizo el Procurador General Mario Bongianino, quienes expusieron distintos puntos de vista ante los legisladores.

La reunión de Asuntos Constitucionales fue sumamente extensa, al punto que se decidió hacer

un cuarto intermedio hasta la tarde para emitir un despacho que se pensaba iba a terminar accediendo al pedido de prórroga en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, tal cual lo solicitaba el Superior Tribunal de Justicia.

Los diputados se fueron preocupados después de la reunión de la mañana, porque entienden que la dilación planteada por el Superior Tribunal se ajusta a problemas internos de la justicia provincial -al punto que ni los integrantes del máximo cuerpo tribunalicio no pudieron emitir una posición unánime-, y no como se les dijo a cuestiones edilicias, presupuestarias o de capacitación de los operadores del sistema.

Excusas.

"En el momento de solicitar la primera prórroga nos dijeron que tenían que esperar que estuviera lista la Ciudad Judicial, pero ahora nos salen con que hay que readecuarla -lo que fue desmentido por el Procurador General Mario Bongianino-, que hay problemas con el software, o problemas presupuestarios. Acá la responsabilidad es nada más que del Poder Judicial", disparó un legislador de la oposición quien se mostró muy turbado por la situación.

Más aún después de escuchar a la propia presidente del STJ, Rosa Elvira Vázquez, responder a un interrogante planteado por Mariano Fernández. ¿La prórroga por tiempo indeterminado no equivale a una derogación tácita del nuevo Código?, consultó el justicialista. "Sí, podría tomarse así", respondió palabras más palabras menos la funcionaria judicial.

"Me quedé helado", confió el diputado opositor que pidió reserva de su nombre porque "estamos trabajando con el justicialismo para llegar a un acuerdo en el dictamen". Lo cierto es que este se producirá recién la semana venidera, y ni el PJ ni el Frepam están dispuestos a otorgarle carta blanca al Superior Tribunal.

La idea del justicialismo sería poner como fecha tope el 1º de septiembre del año próximo, en tanto el Frepam coincidiría con el Ejecutivo, quien a través del ministro de Gobierno y Justicia César Rodríguez habló del primer trimestre de 2010 para la segunda circunscripción, y el 1º de septiembre para toda la provincia.

El menor tiempo.

El diputado Fernández sostuvo que "la prorroga será por el menor tiempo posible, haciendo un seguimiento más pormenorizado de la situación y con la voluntad política del gobierno de La Pampa de que el año que viene pueda implementarse".

Desde la oposición fueron cáusticos con los funcionarios integrantes del Superior Tribunal de Justicia: ""El Poder Judicial no quiere y tiene la responsabilidad de una nueva postergación. Entendemos que al otorgársele mayor espacio a los fiscales se dan cuenta que pierden un poco de su poder y no quieren saber nada".

Bongianino (ver aparte) habló de cuestiones generacionales, y aunque no mencionó a ninguno de ellos fácil es deducir que la mayoría de los integrantes del STJ están a pocos años de alejarse de sus cargos.

Para el STJ hay que esperar.

La puesta en marcha del nuevo sistema podría tener como tope el 1º de septiembre de 2010. Todo indica que los actores encargados de su implementación adjudican la demora al Poder Judicial.

"No hay posibilidad alguna de que se pueda implementar el 1 de septiembre y por varios motivos", dijo en forma terminante la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosa Elvira Vázquez, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se reunió ayer para escuchar los argumentos del Poder Judicial para postergar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal.

Argumentó que "hay varias circunstancias técnicas que no se han cumplido y que no es posible hacerlas en forma inmediata, como por ejemplo el software informático. Necesitaríamos el trabajo de por lo menos dos programadores durante mucho tiempo. El STJ de Chubut nos ha mandado su software para que lo estudiemos, pero no es el mismo, essimilar, tiene el mismo sistema acusatorio pero tiene pasos diferentes dentro del proceso...habría que adaptarlo o hacer otro distinto. Esta cuestión del software es fundamental porque el objetivo es informatizar el Código para que funcione a nivel oral y no actuado o quitar el papel".

No obstante señaló que "en la zona norte la capacitación que han recibido los fiscales ya es suficiente, pero hay otros defectos o problemas en recursos humanos. No con los fiscales pero ro sí con la nueva oficina judicial que tendrá que organizarse y su jefe será una persona diferente a la que ha actuado normalmente en cualquier parte del proceso penal. Esa persona deberá entrar por concurso que hoy por hoy no se ha realizado y por eso no conocemos siquiera a los aspirantes, por lo que no vemos demasiado claramente el perfil de esa persona que será muy importante por la función que va a cumplir que ordena tanto los recursos humanos como el sistema informático".

Vázquez siguió afirmando que "la implementación no podrá ser en lo inmediato, ni siquiera podemos decir 'para tal fecha lo tendremos'. Además advierto que nuestra provincia en general y nuestro foro en particular es muy prolija en determinadas cosas en cuanto a justicia se refiere". Después razonó que implementar el nuevo Código en la segunda Circunscripción -General Pico- y dejar a Santa Rosa en estado no avanzado, estableciendo un largo espacio de tiempo entre una circunscripción y otra, no caerá bien. No se verá bien que en Castex se implemente un Código y 15 kilómetros más allá otro. El pampeano es prolijo en algunas cosas y en Santa Rosa nos falta avanzar".

Afirmó que "no se pueden poner plazos, porque si entramos mal, sin cierta seguridad, podremos ir al fracaso. Cuidado que no todo lo que hemos visto en otros lados, donde tienen un código muy parecido que el que vamos a implementar, es oro. Les encontramos sus defectos también. Con el Código pasa lo mismo que con el edificio de la Ciudad Judicial. Iba a estar para el año pasado y sin embargo todavía falta, en el acontecer van apareciendo temas que no teníamos previsto, se va aprendiendo al andar", indicó.

Finalmente apuntó que "hay algunas cuestiones, presupuestariamente hablando, que no han sido conversadas aún con el gobernador. Los tiempos que como presidenta del STJ he invertido en la cuestión edilicia me han impedido impulsar algunas referencias económicas que aún no las he podido conversar con el Ejecutivo".

En el primer trimestre de 2010.

En cambio el ministro de gobierno César Rodríguez no duda en que no se podrá implementar el 1 de setiembre este Código, pero tampoco en que en el primer trimestre del año que viene ya tendría que estar funcionando. La decisión política del gobernador es la puesta en vigencia, sí o sí, del Código de Procedimiento Penal, pero todavía nos faltan algunos aspectos a resolver. En función de eso la segunda circunscripción, con cabecera en General Pico, podrá implementar el Código en el primer trimestre del año próximo y la puesta en función en el resto de la provincia dentro de un año como máximo", aventuró.

Marcó diferencias con el STJ y afirmó que para el Poder Ejecutivo, "y en función de un trabajo que se ha hecho con todos los operadores de la puesta en vigencia de este Código , en ese lapso de tiempo lo podremos poner en marcha. Tenemos una ley aprobada desde hace 3 años que hay que aplicar. No voy a interpretar lo que el STJ piensa, plantea o manifiesta", planteó.

Agregó, también en controversia con lo afirmado por la doctora Vázquez que "desde lo presupuestario no hay ninguna dificultad para que se ponga en vigencia el nuevo Código en setiembre. Hay otros muchos aspectos a cubrir, algunos ya resueltos", entre ellos que

"el gobierno provincial ya recibió la obra terminada del edificio de la Ciudad Judicial".

"Resistencia generacional".

El Procurador General del Poder Judicial, Mario Bongianino, estimó que están dadas las condiciones para poner en marcha el nuevo Código de Procedimiento Penal en la Provincia, y atribuyó a "una resistencia generacional que se advierte claramente". El funcionario judicial sostuvo: "estamos en condiciones ideales para implementarlo".

-¿Cómo está el tema edilicio, que es uno de los problemas que se agitan?

-En la cuestión edilicia estamos en óptimas condiciones. La inversión, todos lo sabemos, es millonaria. No todas las provincias del país cuentan con esta inversión en infraestructura como ha tenido nuestra provincia.

-Sin embargo alguna fuente vinculada al Superior Tribunal sostuvo días atrás que hay que volver a adecuar la ciudad judicial para implementar el nuevo Código.

-Me extraña que se den esos mensajes contradictorios, porque en 2006 el STJ formó una comisión que integré para adecuar el edificio, para adecuar el edificio nuevo al sistema acusatorio. Trabajamos varios meses arduamente en la implementación y adecuación. La propuesta está hecha desde 2006, no podemos venir a darnos cuenta ahora que el edificio no cumple con los requerimientos. Porque es como reiterar los problemas y no avanzar.

-¿Hay resistencia al cambio?

-Hay una resistencia generacional y se advierte claramente. La gente que sabe que tiene pocos años por delante en el sistema, para qué... Desde el punto de vista individual uno puede decir es normal, pero siempre dije que estamos en condiciones ideales de implementar la reforma, porque se produjo en los ámbitos del Poder Judicial, entre los operadores, jueces y fiscales, un recambio generacional que hace que precisamente este sea el momento y no más tarde cuando empiece a haber ese acostumbramiento al sistema que va a generar más resistencia. Hay excelentes operadores que por ahí dicen no estar conformes con la reforma, pero son los menos y tienen que ver con una cuestión generacional.

-¿Qué puede decir del Consejo de la Magistratura?

-El ministerio público no es preguntado en la elección de fiscales, defensores y asesores y creemos que al menos debiera tener un ámbito de consulta. Porque después sin la consulta necesaria no se puede pretender que ejerza una jefatura quien no interviene para nada en la elección de los miembros del Ministerio Público.

Comentá la nota