En 2014, la iglesia se alzó con una victoria impensada en el Congreso que le permitió promover la educación católica en los colegios públicos, finalmente prohibida por un fallo de la Corte Suprema. 

La travesura la hicieron en la bicameral de digesto jurídico, creada con la inocente misión de eliminar las leyes inocuas. Los emisarios del episcopado, siempre atentos, aprovecharon una distracción de los legisladores para borrar una norma del siglo 19 que garantizaba la educación laica y encontraron una grieta para dictar catecismo en las escuelas de Salta. Su escaso lobby judicial no les permitió consolidar el triunfo.

El episodio se recuerda por estos días en que los curas volvieron a telefonear a los legisladores para frenar el proyecto que habilita interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas de gestación, presentado el martes.

El aborto ya está permitido para casos de violación, riesgo de vida y personas con facultades mentales alteradas. Pero no siempre se cumple y varios  diputados quieren eliminar ese derecho. 

De inmediato, la resistencia llegó con dos proyectos de ley que establecen derechos "al niño por nacer" y, de esa manera, prohíben el aborto en los tres casos ya previstos en el Código Penal: violación, riesgo de vida y personas con menores facultades mentales.

Estos derechos no siempre fueron fáciles de cumplir, porque en muy pocas provincias los hospitales establecieron un protocolo para actuar y hasta hubo médicos que alegaron problemas de conciencia para no intervenir.

La Corte también obligó a respetar la ley sin excepciones, pero no lo consigue. De hecho, la diputada macrista Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y en contra del aborto, sugirió en una reunión de bloque que una norma nacional puede ser inocua, porque los protocolos sanitarios no se cumplen. Sabía de lo que hablaba.

Los proyectos que protegen al niño por nacer fueron presentados por Juan Brügge, cordobés de la Democracia Cristiana, que consiguió firmas de todos los bloques; y la puntana Ivana Bianchi. Serán respaldados en una marcha contra el aborto, convocada para el 25 de marzo.

Y son todo un riesgo para los militantes del aborto legal, porque si empujan una sesión a las apuradas, no consiguen mayoría y llega a pasar alguno de estos textos alternativos, el aborto estaría prohibido en todos los casos, o sea, la iglesia ganaría terreno mientras se defiende.

De todas maneras, aún tienen varios meses para convencer a sus pares y les sobra confianza: el proyecto tuvo 71 firmas y asegura haber pasado las 91, todavía lejos de las 129 del quórum.

"Estamos convenciendo gente día a día. Vamos a llegar", confió ante LPO una de las diputadas promotoras del aborto legal, seguro y gratuito.

Como contó LPO, este grupo rechazó de plano una consulta popular, promovida curiosamente por legisladores de todas las fuerzas políticas: empezó Adolfo Rodríguez Saá, siguió la diputada Laura Russo (FPV-PJ) y el viernes lo presentaron los senadores radicales Luis Naidenoff y Ángel Rozas. Todos a título personal.

"La gente está representada por sus legisladores. Queremos debatir la ley antes de mitad de año", le dijo a LPO la radical Alejandra Martínez. Claro que si no tienen los números, tal vez terminadas las audiencias públicas prefieran esperar un poco más. Y no arriesgarse a dar varios pasos atrás.