Diputados "cajonea" un proyecto para reducir las inmunidades

Afectaría a legisladores, magistrados y funcionarios públicos. Si se aprobase, los mismos podrían ser investigados judicialmente hasta la finalización del proceso. Sin embargo, los parlamentarios frenaron su tratamiento por tercera vez en el año.
Esta semana que culmina, por tercera vez en el año, la Cámara de Diputados de la provincia impidió el tratamiento de un proyecto de ley que prevé la reducción de las inmunidades de legisladores, funcionarios públicos y magistrados. La iniciativa busca, a partir de la propuesta parlamentaria, el cumplimiento de la consigna constitucional de que todos los habitantes son iguales ante la ley.

Sin embargo, los diputados correntinos no sólo desaprovecharon una nueva oportunidad de mejorar la calidad institucional de la Provincia sino que, al parecer, algunos no desean perder ciertas inmunidades que los colocan en una posición privilegiada por encima del resto de los mortales, aquellos que con su voto los premiaron para que ocupen la banca que ostentan.

El proyecto de ley, autoría del diputado radical Armando Aquino Britos, prevé la modificación de los artículos 196 al 199 del Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia, los cuales fueron muchas veces cuestionados por supuesta inconstitucionalidad.

De acuerdo a la letra del proyecto, cuando se inicie una causa penal donde se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción por jurado de enjuiciamiento o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión.

La iniciativa señala, en otra parte, que el llamado a indagatoria no se considerará medida restrictiva de la libertad pero en el caso del legislador, funcionario o magistrado que no concurriera a prestarla, el Tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político.

Si se aprobara el proyecto, la inmunidad sería efectiva en el caso de un arresto, ya que la misma no se concretaría hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado no sea separado de su cargo.

El actual CPP impide el llamado a indagatoria, primer paso en un proceso judicial, a los legisladores, funcionarios o magistrados investigados. Esto sería freno suficiente para la continuidad de las investigaciones.

Si para muestra sólo basta un botón, el caso de la juez Silvia Garicoche, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº11, es una claro ejemplo del privilegio que hoy gozan.

Casi en el final del gobierno de Nora Nazar de Romero Feris al frente del municipio capitalino, la mencionada juez falló a favor de la Comuna en un conflicto con el Banco de Corrientes por la clausura del Centro Unico de Pagos de la calle 9 de Julio.

Entre otros dictámenes de la juez, que según varios entendidos calificaron de "sospechosos"- Garicoche reguló los honorarios de Marcelo Levatti, quien por entonces estaba a cargo del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad, en $361.000, una suma exorbitante.

El Banco de Corrientes apeló contra esta última decisión pero la magistrada ordenó un embargo ejecutivo a las cuentas de dicha entidad financiera y dispuso que se transfiriera ese monto a una caja de ahorro de Levatti en la sucursal local del Banco Patagonia.

Cuando posteriormente se realizó la denuncia contra Garicoche por la sospecha de un delito en este accionar, la juez se amparó en los cuestionados articulados del CPP vigente para evitar la indagatoria y la continuidad de la causa judicial.

Otros aspectos del proyecto

Entre los fundamentos de la iniciativa de Aquino Britos se apunta que "la dudosa constitucionalidad de estos artículos (196 a 199 del CPP) generan una notoria e irritante desigualdad que se asemejaba bastante a un fuero personal (...) y que nada tiene que ver con la protección funcional de la actividad que despliegan los diferentes órganos del Estado".

Otro aspecto del proyecto señala que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito podrá presentarse ante el Tribunal -aún cuando no hubiere sido indagado- para aclarar los hechos o aportar las pruebas que puedan serle útiles. De esta manera, podrá despejar cualquier duda sobre su buen nombre.

Sin embargo, según el CPP actual, el legislador, funcionario o magistrado sindicado como posible autor de un delito no tiene facultades para presentarse ante la Justicia porque sus fueros no se lo permiten.

Por ello, su buen nombre puede ser mancillado.

Más adelante, el texto del proyecto dice que "si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo que establece el Artículo 109 de la Constitución Provincial, el Tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los diez días, si procede el desafuero".

El Artículo 109 de la Constitución Provincial señala que los legisladores "gozarán de completa inmunidad en su persona, desde el día de su elección hasta el de su cese; y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos "in fraganti" en la ejecución de algún delito".

Comentá la nota