Para aplicar el nuevo Código, que producirá un cambio histórico en el sistema de investigación con el fin de combatir con mayor eficacia la inseguridad dado el papel central que cumplirán los fiscales, se reformarán un conjunto de seis normas que el oficialismo quiere convertir en ley el 10 de junio.

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, destacó que con los proyectos que permitirán aplicar el nuevo Código Procesal Penal se apuntará a tener "una justicia más ágil y con mayor capacidad de respuesta para resolver los conflictos de la gente".

Afirmó que el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio "es un cambio de paradigma que viene a saldar una deuda pendiente" y explicó que "hoy tenemos un sistema vetusto, donde el juez es juez y parte, porque investiga y decide al mismo tiempo".

Para poder instrumentar el nuevo Código, los diputados buscarán convertir en ley las reformas de las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa; de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; y de un proyecto que incorporar "diversas causales de suspensión del juicio a prueba" en el Código Penal.

Por ese motivo, el oficialismo realizará el próximo jueves a las 13.30 un plenario de las comisiones de Justicia, Presupuesto y Legislación Penal a fin de emitir el respectivo dictamen, para que se pueda debatir en la sesión que se realizará en 10 días.

De hecho, el bloque del FPV tiene garantizado contar con el dictamen de mayoría ya que tiene número suficiente para imponer su criterio en el plenario de comisiones, que será conducida por la presidenta de Justicia, Graciela Gianetassio, junto a su par kirchnerista de Presupuesto, Roberto Feletti, y de Legislación Penal, la macrista Patricia Bullrich.

En realidad, los proyectos que serán tratados en la reunión de las comisiones fueron analizados casi un mes por una comisión bicameral, encabezada por el senador kirchnerista Rodolfo Urtubey, integrada por diputados y senadores de diferente extracción política.

Sobre estas iniciativas, la vicepresidente de la comisión de Legislación Penal, la kirchnerista Diana Conti, explicó que estas leyes son necesarias para aplicar el nuevo Código Penal dado que "cambia la actividad de jueces y defensores, y obligan a modificar la ley de organización de la Justicia, para que haya nuevos roles".

"Son leyes que regulan por separado a fiscales y defensores porque las tareas son y serán diferentes, ya que la acción penal pública estará en manos de los fiscales, al igual que la tarea de investigación que estará a cargo de ellos, que serán quienes tienen que ver si acusan o no cuando hay un hecho delictivo", apuntó.

También recordó que la aplicación de este novedoso Código se aplicará en "en primer lugar en la justicia ordinaria penal de la Ciudad de Buenos Aires y la fecha propuesta es 2016 para que fiscales y defensores se capaciten en el conocimiento del nuevo Código Procesal".

Los proyectos para aplicar el nuevo Código Penal fueron respaldados por la mayoría de los bloques políticos, y solo generó un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición las atribuciones que tendrá la Procuración General de la Nación, que fueron objetadas por el radicalismo.