La Cámara Baja de forma unánime convirtió en ley las modificaciones a la norma. Duras críticas al gobierno de Alperovich por el caso Verón. Susana Trimarco presenció el debate. Puntos clave.
El proyecto enviado del Senado obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal, de Familia y de Presupuesto, con la firma del Frente para la Victoria y los bloques opositores.
En rigor, la oposición aseguró su apoyo en general aunque formuló algunas observaciones. Más allá de eso, los opositores cuestionaron los motivos que llevaron a que el tema debiera ser incluido en sesiones extraordinarias y no durante el período ordinario.
Precisamente, las modificaciones fueron pedidas la semana pasada por el Poder Ejecutivo luego de conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, víctima de una red de trata de personas.
Desde los palcos, su madre, Susana Trimarco, presenció la sesión junto a la senadora y esposa del gobernador tucumano, Beatriz Rojkés de Alperovich.
El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, había reconocido en noviembre que el tema no había sido debatido por el Frente para la Victoria. Además, en el bloque oficialista no había acuerdo en relación con las modificaciones aprobadas el año pasado en el Senado.
En un discurso duro, el diputado Juan Casañas sostuvo que en Tucumán “lamentablemente van a seguir los prostíbulos, seguirán los miedos y la impunidad”. A su vez, cargó duro contra el gobernador al aducir que “el principal responsable de las barbaridades que pasan en Tucumán se llama José Alperovich”, sentenció.
Para el legislador, quien detalló con ejemplos, “lamentablemente en Tucumán van a seguir los prostíbulos, seguirán los miedos y la impunidad”.
“Alperovich es para Tucumán lo que fue (el ex gobernador Ramón) Saadi para Catamarca”, lanzó.
El tucumano sostuvo que “Marita Verón desapareció en Tucumán, pero no fue la única chica desaparecida. No olvidemos el caso de Paulina Lebbos, un caso del que el gobierno de José Alperovich quiere hacerse el desentendido”.
“En el oficialismo se muestran indignados con la causa de Marita, cuando a unas cuadras de la Legislatura, a la vuelta del Arzobispado, en España 815, funciona un prostíbulo VIP que no sólo no fue clausurado, nunca sino que tiene la habilitación dada por el gobierno tucumano como bar”, indicó Casañas.
En tanto, como diputada del Frente para la Victoria por nuestra provincia, Stella Maris Córdoba reivindicó “el respaldo que la presidenta le ha dado a Susana Trimarco para la lucha que lleva adelante”.
“Hay decisión política para combatir la trata de personas, pero se tiene que materializar a través del Consejo Federal en todos los rincones del país”, señaló, en relación al organismo que crea el proyecto de reforma de la ley.
En esta línea, sostuvo que “nos tenemos que comprometer desde todos los gobiernos provinciales y municipales de todos los partidos políticos (no sólo del Frente para la Victoria) con este famoso tema de las habilitaciones de locales”.
“La gente sabe dónde están los lugares donde explotan a las mujeres y se siente impotente”, expresó.
Por último, Córdoba recordó el decreto que “abolió” el Rubro 59: “Tenemos que continuar con esa lucha. Queda mucho por hacer, pero este bloque siempre es protagonista de las transformaciones”, finalizó.
La propuesta de ley define como “trata de personas” al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Además establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
También castiga al proxenetismo con prisión de cuatro a seis años, al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y al que “promueva o facilite la prostitución” de la misma. Asimismo, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena sería de 10 a 15 años de prisión. Se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.
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