Tras un intenso y extenso debate, la Cámara de Diputados provincial aprobó este miércoles el pedido de juicio político para el juez de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm, lo que constituye un hecho histórico ya que en Mendoza desde el retorno de la democracia ningún ministro del alto tribunal ha sido sometido a ese proceso.

La dilatada sesión terminó con una reñida votación que aprobó el expediente para la elevación a juicio del supremo por 24 votos positivos contra 22 negativos, ya que bastaba la simple mayoría del recinto.

No obstante que el propio gobernador Francisco Pérez había estimado necesario el debate por los cargos eternos de los magistrados en febrero y los duros conceptos sobre el accionar de la Justicia que lanzó el 27 de febrero último, la bancada peronista votó casi en su mayoría por la negativa al pedido de juicio.

A pesar de la abstención del presidente del bloque del Partido Demócrata, Aldo Vinci, y de la ausencia del legislador radical Humberto Montenegro la votación terminó favorable a la continuidad del proceso.

Fueron el senador Gustavo Valls (Frente Renovador) y la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) quienes presentaron el pedido de juicio político por el desempeño contradictorio del magistrado en el caso de la ex jueza Stella Maris Ontiveros, quien pasó cinco años sin trabajar por sufrir un accidente en su despacho.

Primero el ministro de la Suprema Corte se excusó de actuar cuando se le inició un pedido de Jury de Enjuiciamiento a Ontiveros por llevar tantos años sin trabajar, aduciendo amistad. Pero después Böhm benefició con su accionar a su colega, quien luego del hecho demandó al Estado y a una ART por casi $5 millones, aunque finalmente ese monto se redujo a $800.000. En este caso, Böhm avaló la decisión de indemnizarla y no se inhibió.

Valls y Gutiérrez fueron más allá y entre los argumentos para pedir que sea sometido a ese proceso sumaron la supuesta incapacidad psicofísica que puede sufrir Böhm, lo que impediría el correcto desempeño de sus funciones debido a su avanzada edad (tiene 73 años).

“Con referencia a la salud psicofísica del denunciado, conforme surge de numerosos comentarios y apreciaciones de terceras personas vinculadas diariamente en razón de su actividad judicial, esto es colaboradores, algunos colegas y personal judicial en general, coinciden en manifestar en forma unánime el deterioro mental que informa la conducta del denunciado”, se lee en la denuncia de los legisladores.

Con el resultado favorable obtenido, ahora la Comisión de Juicio Político investigará y analizará el expediente y tendrá 30 días para determinar si el juez llegará al juicio político que puede acabar en su destitución.