Desde Cambiemos se resolvió no avalar la iniciativa. "En la década de los 90 se firmó un acuerdo federal para solventar el sistema previsional y algunas provincias como Mendoza y San Luis (entre otras) transfirieron sus cajas a la órbita nacional. Para las provincias que no lo hicieron, el Estado se comprometió a financiar parte del déficit provincial", explicó el diputado provincial Ariel Rauschenberger (PJ).

Y recordó que mediante varios acuerdos, ratificados por leyes nacionales y provinciales, el Gobierno Nacional se comprometió a hacer aportes para financiar los regímenes jubilatorios pampeanos del personal docente y civil, y del Sistema de Retiros de la Policía de La Provincia. "A fines de 2015 se adeudaban el déficit de los años 2009 inclusive en adelante", sostuvo.

El legislador del PJ agregó: "Para ponerse al día, Nación comenzó por los años 2015 y 2016; canceló en tres cuotas todo el monto de 2015 y giró 400 millones de pesos como anticipo de 2016. Concluida la auditoría de 2016, se determinó que el monto total a compensar ascendía a 831 millones, con lo cual restaban enviar 431 millones. Al reclamar esos 431 millones restantes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió aplicar una 'multa' a La Pampa de nada menos que 332 millones de pesos porque Provincia no bajó los montos de los haberes jubilatorios ni aplicó la 'movilidad' que se dispuso a nivel nacional".

Rechazo

El diputado Héctor Fazzini (Cambiemos – Mofepa) reclamó una definición: "¿Las acciones serán judiciales o extrajudiciales?" y dijo: "Se trata de un acto de administración del Poder Ejecutivo en el que no tenemos por qué meternos. Es algo que ya vivimos antes de las PASO cuando ante un pedido de informes de la diputada Adriana Leher (Cambiemos – PRO) por la construcción que pensaba hacer de un edificio el Instituto de Seguridad Social, lo utilizaron políticamente, aunque tuvieron que admitir que han cometido errores en el manejo de la Caja de Previsión".

"El Gobierno Provincial no debería politizar esta cuestión y reconocer la actitud del Gobierno Nacional con los acuerdos que firmó el año pasado. Esta judicialización es parte de la campaña electoral, si se obtiene un triunfo será del oficialismo y si se pierde, la derrota será de todos. No vamos a aprobar porque la Cámara no es una escribanía del Poder Ejecutivo".

En respuesta, Espartaco Marín (PJ) advirtió: "Acompañar o no acompañar al Poder Ejecutivo en semejante cuestión no es de forma, es de fondo. El déficit previsional es una cuestión de Estado", expresó el presidente del bloque oficialista y agregó: "El Gobierno Nacional, que como siempre corta la soga por lo más delgado, quiere que armonicemos, pero armonizar es bajar los haberes previsionales y nuestra provincia es autónoma para determinar nuestros haberes y nuestra modalidad. Y esto no es parte de ninguna campaña, es política de Estado".

ARSAT

Otro intenso debate se dio cuando se puso en cuestión el proyecto de resolución por la que manifiesta preocupación e insta a los legisladores nacionales que soliciten informe por la Carta de Intención suscripta entre ARSAT y la empresa HUGHES, para la construcción del satélite ARSAT 3.

El diputado Facundo Sola (PJ) expuso los fundamentos de la iniciativa: "Recientemente, en una carta de intención firmada el 29 de junio, el Gobierno nacional autorizó a la compañía estadounidense Hughes a que se quede con 'al menos' el 51% del ARSAT 3 así como a cambiarle el nombre. Esta maniobra sería ilegal: ya que va en contra de la ley 27.208, que en su artículo 8 dicta que no se pueden ceder los derechos de este satélite y que, de hacerse cambios en el esquema, deben ser aprobados por el Congreso, según el artículo 10".

"Mediante este acto, el cual se realizó sin licitación ni consulta, se le cedería la producción y explotación del nuevo ARSAT a esta compañía, que también se quedaría con el espacio orbital que le correspondía al país y se podría llevar al exterior los dividendos que se generen, que hasta ahora eran para financiar futuros satélites", agregó el legislador del PJ.

"Resulta de vital importancia mantener y sostener a la empresa ARSAT y sobre todo cumplir con el plan de la empresa para el período 2015-2035, el cual contempla la fabricación de al menos ocho satélites entre la expansión de la flota de ARSAT, la exportación y el remplazo de los ARSAT-1 y 2. De esta forma le permitiría a la Argentina seguir ocupando un lugar vanguardista dentro del escaso grupo de países productores de satélites geoestacionarios", sostuvo.

Sola también recordó que la legislatura pampeana reconoció a Ana Caumo, la científica pampeana que trabajó y trabaja en Arsat en la elaboración de estos satélites.

Maximiliano Aliaga (Cambiemos – PRO) reconoció que Hughes pondría cien millones de dólares pero que eso le aseguraría sólo el 43% de las acciones. "Por lo que no se trata de una privatización de la compañía ni de sus activos y Ana Caumo seguirá teniendo trabajo", dijo.

El diputado Espartaco Marín (PJ) corrigió a Aliaga haciéndole notar que las acciones con las que se queda Hughes son el 51 % del total, por lo que se hace dueño de la empresa. Por mayoría de 21 votos, se aprobó el pedido de informes.