Diputados analizarán el Presupuesto de Jujuy

El proyecto –que ya tomó estado parlamentario en la Legislatura- fija en 4.463.329.733 pesos el total de erogaciones para el ejercicio 2010. Incluye "superpoderes" para modificar y suprimir partidas. El cálculo se aprobaría en extraordinarias, antes de fin de año.
El proyecto de Presupuesto provincial destina la inversión más importante a la Administración General por una suma de 1.539.080.441 pesos, mientras que a Cultura y Educación 1.295.558.580 pesos. Para Seguridad, el cálculo prevé 297.134.725 pesos; para Salud 477.461.825; para Bienestar Social 426.478.780 pesos; para Desarrollo de la Economía 224.990.470 pesos; para el pago de la deuda pública 129.701.362 pesos y gastos a clasificar 72.923.550 pesos.

Del total del cálculo, el Poder Ejecutivo se queda con 3.946.086.806 pesos; el Poder Legislativo 53.182.626; el Poder Judicial 80.457.777 pesos; los organismos descentralizados 371.926.510 pesos y el Tribunal de Cuentas 11.676.014 pesos.

Por otro lado, se estima en 4.172.709.603 pesos el cálculo de recursos de la Administración Pública provincial, mientras que las erogaciones figurativas se calculan en 106.847.757 pesos, siendo el resultado financiero negativo de 290.620.130 pesos. Asimismo, se fija en 426.520.812 pesos el importe correspondiente a las erogaciones para atender la amortización de deudas. La necesidad de financiamiento se prevé en 771.140.942 pesos.

Tras tomar estado parlamentario en la sesión extraordinaria del pasado lunes, la iniciativa será analizada por la Cámara en comisión, ya que aún no se conformaron las comisiones permanentes del cuerpo.

En materia de personal, el proyecto contempla 39.784 cargos de la planta de personal de la Administración Central y organismos descentralizados, de los cual 36.609 son del Poder Ejecutivo; 809 del Poder Legislativo; 1120 del Poder Judicial; 1056 de organismos descentralizados y 190 del Tribunal de Cuentas.

En otro artículo, se prohíbe la incorporación de personal contratado y reemplazante a planta permanente de la Administración Pública –centralizada o descentralizada-, organismos autárquicos, incluidos el Banco de Acción Social y Agua de los Andes. Se estipula al mismo tiempo que las partidas de personal reemplazante, previstas en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Desarrollo Social serán afectadas únicamente, en el caso del primero, para cubrir servicios de personal administrativo y el que tenga directa relación con la atención y administración de la salud en hospital y puestos de salud de la Provincia y en el segundo, para cubrir personal administrativo, de Servicios Generales, preceptores y auxiliares de enfermería exclusivamente en instituciones del área de Infancia, Adolescencia y Familia. En la cartera educativa, se deja establecido, podrá designarse personal reemplazante en dos casos: cuando se trate de afectaciones transitorias para cubrir servicios de personal que tengan directa relación con las tareas propias del sistema educativo, servicios necesarios para el funcionamiento de sus dependencias o estén destinadas a cumplir con la asistencia de personal docente en organismos provinciales o municipales destinados al cumplimiento de programas relacionados con el sistema educativo. El otro caso es la cobertura de cargos docentes y no docentes cuyos titulares/interinos gocen de licencia por salud y maternidad, y licencia sin goce de haberes en calidad de reemplazantes. Para todos los casos, se aclara, la retribución del personal reemplazante que por aplicación de este artículo se disponga, será la que corresponda a la categoría de ingreso del agrupamiento al que pertenezca el personal reemplazado.

Sin embargo, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la contratación de personal que se desempeñe en la planta permanente para cumplir con los requerimientos impuestos por la ejecución de programas nacionales y/o provinciales. En todos los casos, para hacer uso de esta facultad –dice el proyecto- es requisito indispensable que no exista incompatibilidad horaria y que se cuente con crédito presupuestario suficiente –de origen provincial o nacional- para cubrir las mayores erogaciones.

También se autoriza al Ejecutivo a introducir ampliaciones en los cargos docentes, horas cátedras y crédito presupuestario, a establecer su distribución, en la medida que los incrementos de las erogaciones sean financiados con recursos que resulten de la aplicación de la Ley nacional 26.075 de Financiamiento Educativo.

Otro artículo fija en 208.264.699 pesos el total del presupuesto de gastos del Instituto de Seguros de Jujuy, mientras que el presupuesto operativo se calculó en 177.176.003 pesos; el presupuesto de funcionamiento asciende a 31.088.696 pesos y el cálculo de recursos se estimó en 208.264.699 pesos. La planta permanente de personal se estipula en 237 pesos y en 71 los contratados.

En el capítulo sobre disposiciones generales, el proyecto propicia renovar los "superpoderes" al Ejecutivo, al autorizarlo a crear, modificar y suprimir –total o parcialmente- partidas, efectuar transferencias o compensaciones entre distintas partidas y diferentes organismos, "en la medida que dichas reestructuraciones no importan un incremento en las fuentes financieras establecidas en la ley de Presupuesto. También se lo autoriza a distribuir los créditos presupuestarios "para refuerzo de las partidas de personal y reestructuraciones", crédito adicional para financiar erogaciones corrientes y otros de tipo global, entre las distintas jurisdicciones, conforme con las necesidades de reestructuración de la programación presupuestaria y financiera. Modificar los cargos, centro de la planta de personal, siempre que el costo resultante sea igual o menor que el originariamente previsto y que no incremente el número o cantidad de los aprobados, es otra de las facultades que se propicia otorgar al Ejecutivo.

Propone asimismo autorizar el reajuste de las erogaciones figurativas desde la Administración Central hacia organismos descentralizados y viceversa, producir reestructuraciones orgánicas de sus jurisdicciones, organismos descentralizados, autárquicos y empresas o sociedad del Estado; transformar, adecuar, transferir y suprimir cargos de la planta de personal, con la única limitación de no incrementar su número total; designar o reubicar personal de las reparticiones y reforzar el crédito presupuestario de las erogaciones correspondientes a las aplicaciones financieras en función de las mayores necesidades resultantes de la liquidación de las obligaciones a cargo de la provincia.

Ampliar, conforme a la política salarial que defina el Ejecutivo, los créditos presupuestarios correspondientes a las respectivas partidas de Gasto de Personal y/o transferencia a municipios, es otra de las facultades que contempla el proyecto. Las economías que se generen en las partidas de gastos corrientes –señala- podrán ser destinadas total o parcialmente, "bajo criterios de productividad y eficiencia, a modificar la política salarial vigente".

Otro artículo propicia fijar en 90.000.000 de pesos el monto máximo autorizado al Ministerio de Hacienda para hacer uso transitorio del crédito y/o adelantos en cuenta corriente para cubrir deficiencias estacionales de caja. Se faculta al Poder Ejecutivo para que efectúe modificaciones previstas en el artículo 37 de la Ley 4958 De Administración Financiera y los Sistemas de Control para la provincia hasta el monto equivalente al dos por ciento de lo presupuestado, con el objeto de "optimizar la aplicación de los recursos y el funcionamiento y calidad de los servicios públicos".

En otro orden, plantea que los funcionarios y personal comprendido en el régimen escalafonario para profesionales de la Administración Pública que presten servicios efectivos en la Dirección Provincial de rentas y en la Dirección Provincial de Inmuebles, percibirán los adicionales consignados en la Ley 4413 y en el Código Fiscal. El mismo tratamiento se propicia para los funcionarios y personal que se desempeñen en el ámbito del Órgano Coordinador y de los Órganos rectores de la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy, como asimismo al personal que preste servicio efectivo en el Tribunal de Cuentas.

En otro artículo se fija en 4600 el cupo de beneficios previstos en la Ley 4486 de Régimen de Pensiones Sociales y se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar un relevamiento y actualización de información pertinentes, que permita una reasignación de beneficios, ajustada a la base de datos real resultante y al crédito presupuestario.

Además de instituir "fondos fijos" para los poderes Legislativo y Judicial y Tribunal de Cuentas por 100.000 pesos, 60.000 pesos y 30.000 pesos respectivamente, el presupuesto enviado por el Gobierno mantiene el "Fondo para la restauración y conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Provincia", que debe ser administrado por la Dirección General de Arquitectura e integrado con la retención a los contratistas del 0,20 por ciento de los certificados de Obra Pública, financiados con recursos afectados y con Rentas Generales.

Las erogaciones destinadas a asistencia social atendidas con recursos afectados de origen nacional –añade- "deberán ajustarse en cuanto a importe y oportunidad a las cifras realmente recibidas o recaudadas y no podrán transferirse a ningún otro destino".

Los distintos programas, planes, proyectos y/o trabajos públicos que se financien con fondos comprometidos por el Gobierno nacional u otros organismos y que impliquen recursos específicos, "deberán tener principio de ejecución una vez que posean financiamiento asegurado", indica.

En otra de sus disposiciones, el proyecto autoriza al Ejecutivo a continuar con la reestructuración de la deuda pública, a fin de adecuarla a las posibilidades de pago del Gobierno provincial. Se estipula que la Comisión de Finanzas de la Legislatura deberá ser informada de estas tratativas por el Ministerio de Hacienda. "Durante el tiempo que demanden los acuerdos –dice- podrá diferir total o parcialmente los pagos de la amortización de la deuda y los servicios de la misma, a fin de atender las funciones básicas del Estado provincial".

Se contempla, por otro lado, la celebración de convenios de asistencia financiera para atender las necesidades de financiamiento y a ceder en pago y/o garantía los recursos de Coparticipación Federal.

En materia de control, se estipula que el Poder Ejecutivo remitirá trimestralmente a la Comisión de Finanzas de la Legislatura la información consolidada sobre la ejecución presupuestaria, conforme a los estados de ejecución presupuestaria que, mensualmente, deben remitir los servicios administrativos a la Contaduría de la provincia y a la Dirección de Presupuesto.

Expresa el proyecto, por otro lado, que la incorporación de nuevos establecimientos educacionales al régimen subvencionado por la Provincia será autorizada por la Legislatura, previa determinación de la existencia de crédito presupuestario, la disponibilidad de fondos correspondientes y la acreditación de los extremos que deban cumplir.

También se afecta al Poder Judicial el monto equivalente a la recaudación de la tasa retributiva de Servicios Judiciales normada en el Código Fiscal.

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