El diputado nacional formalizó ayer el reclamo para que el juez Claudio Bonadío desista de prender fuego a los más de 60 mil kits del plan “Qunita” e insistió y requirió, como tercero interesado en el expediente judicial, que “no las prenda fuego Señor Juez, envíelas a la provincia de Río Negro donde nuestras madres y bebés rionegrinos las necesitan y mucho”.

En el escrito el diputado de Río Negro consideró la intención de incinerar las cunas y abrigos que integran el modulo del programa como una medida “absurda, ilegal y revanchista” que con el pretexto de investigar presuntas irregularidades administrativas, “deja sin efecto y pretende quemar en una hoguera” un programa de protección de la vida y de la salud de las niñas y niños argentinos, comprendidos en la ley 26061 que no es otra cosa que la consagración legislativa a nivel nacional de los pactos internacionales con rango constitucional firmados por nuestro país.

En el contexto de una investigación penal “que nada tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de un pueblo que elige sus representantes”, Doñate le señala a Bonadío que “con esta “demencial decisión” pretende asumir la suma del poder público, decidiendo sobre la administración de los recursos del estado sin haber sido elegido para ello, violentando la norma del presupuesto nacional, y la presunción de validez de los actos administrativos que fueron dictados en su virtud”.

A su vez, recordó que “el año pasado se entregaron más de mil “Qunitas” en los hospitales de la provincia y que jamás hubo una sola queja, por el contrario, fue reivindicado por todos los profesionales, especialistas y las propias madres que lo recibieron como una ayuda de enorme impacto que mejoró los índices sanitarios para las madres y bebés recién nacidos”.

“En mi provincia tenemos un Estado colapsado con un gobierno que están endeudándose mes a mes para poder pagar sueldos, los servicios esenciales como la Salud Pública están sumidos en una crisis profunda, con hospitales abandonados, profesionales mal pagos, sin el equipamiento necesario, sin recursos ni programas”, explicó Doñate.

En este contexto, le reclamó a Bonadío que “antes de tomar tremenda y absurda decisión de quemarlas en una hoguera, envíe los moises y kits completos a Rio Negro donde muchas madres y sus bebés rionegrinos las necesitan y mucho”.

En los fundamentos de la presentación, Doñate defiende su legitimación como tercero interesado, hace referencia a los pactos internacionales firmados por la Argentina en la materia, la ley 26061 de protección de la niñez, la vulneración del Código Penal y de Artículos de la Constitución como, asimismo, el impacto humanitario, social y presupuestario de la medida judicial. Deja además el recurso de apelación interpuesto ante una eventual negativa del magistrado.

Se unieron al repudio a la decisión de Bonadío, entre otras, Alicia Benítez, quien fue jefe de la Unidad de Neonatología de la Maternidad Sardá; Graciela Bauer, médica pediatra del Hospital Garraham; y Adriana Gorestein, neonatóloga del sanatorio de la Trinidad. Junto con ellas, también se expresó de igual modo el sacerdote Francisco “Paco” Olivera, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

También el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como la Sociedad Argentina de Pediatría, no formularon planteos de riesgos para la salud de los bebés.