Un diputado entrerriano facilitaría la práctica del aborto.

El diputado Darío Argain cree que falta un marco legal para evitar la judicialización del aborto y de esta forma facilitaría la práctica. La cuestión estará en la agenda de la Legislatura este año.
Aseguran que todos los casos tienden a judicializarse, y que por eso hay prácticas de manera clandestina que aumentan los riesgos de muerte materna. En 2007 los médicos del Hospital San Roque se negaron a realizar una cirugía de ese tipo a una joven discapacitada violada, que debió ser traslada a Buenos Aires.

La Legislatura de Entre Ríos volverá este año a estar rodeada de polémica si es que se cumple el anuncio que hizo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Darío Argain (PJ-Villaguay), de avanzar en el tratamiento legislativo del aborto, de modo de allanar el camino a las mujeres que quieran efectuarse esa práctica y el caso esté cobijado por la ley como “no punible”.

La falta de información, y los estigmas que recaen sobre el aborto, asegura el legislador, favorece la permanente judicialización de esas prácticas, aún cuando el Código Penal taxativamente habilita su realización en terminadas circunstancias. “Hay mucha confusión, y por eso el médico no sabe en qué circunstancias puede practicar un aborto sin necesidad de acudir a la Justicia. Me parece que hace falta un marco legal en la provincia sobre este tema”, dijo Argain.

En los últimos años, la Legislatura entrerriana ha sido escenario de encendidos debates en torno a temas de salud que han enardecido las posturas encontradas: así ocurrió con el debate de la Ley Nº 9.501 de Salud Sexual y Reproductiva, y también la pretensión de legislar en torno a la legalización de la ligadura de trompas y vasectomía, aspectos sobre los cuales la Iglesia Católica planteó su firme rechazo.

Situaciones

En el apartado referido a los Delitos contra la vida, el Código Penal establece en el artículo 82 dice que “el que causare un aborto será reprimido” con “reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”; y “con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”.

Las sanciones alcanzan también a los médicos que lo practiquen, y por eso los resquemores de los profesionales a la hora de intervenir en ese tipo de casos, que los lleva siempre a reclamar un paraguas legal que los ampare. Al respecto, la ley prevé que “incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.

Pero también fija excepciones. El artículo 86 dice que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Sobre ese último punto se apoyó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en septiembre de 2007 al clausurar un debate que se había planteado en torno a la posibilidad de práctica de aborto a una joven discapacitada de Paraná que había sido violada. La Justicia resumió que no hacía falta autorización judicial para esa práctica, pero el tema cayó en una red de contradicciones, que derivó en la objeción de conciencia por parte de los médicos del Hospital San Roque. Finalmente, el aborto pudo practicarse, ya con una gestación avanzada, en una maternidad de la provincia de Buenos Aires.

El médico y el diputado

Argain, quien es médico pediatra, dice que la cuestión del aborto es una cuestión preocupante en materia sanitaria en la provincia, y causante de muchas muertes maternas. “Es absolutamente preocupante el índice de mortalidad materna en Argentina, incluso por encima de las tasas mundiales. Y producen muchas muertes porque en el caso de las mujeres sin recursos, se realizan de manera irregular, y en lugares no preparados”, afirmó.

Aunque se muestra precavido el legislador: dice que no tiene postura personal tomada respecto al tema, aunque aún así cree conveniente que la Legislatura aborde ese y otros temas, como la violencia familiar, las adicciones, la salud reproductiva y el alcoholismo. “Creo que es un deber como legislador abordar estos temas. No podemos negar estas problemáticas.

“Si uno lee el Código Penal, están establecidos los casos de aborto no punible, y en qué casos la mujer no requiere ir a la Justicia para efectuarse una práctica de ese tipo. Pero a eso le falta debate legislativo, más debate institucional, que participen todas las entidades, incluso las personas interesadas en el tema, porque es un tema que está candente. Que también las distintas religiones hagan sus aportes. Así como están las cosas, es una cuestión absolutamente discriminatoria: algunas mujeres con recursos pueden practicarse un aborto en condiciones, y las que no tienen recursos, no, y tienen que recurrir a lugares irregulares”, afirma Argain.

Comentá la nota