Un diputado denuncia usura en financieras

Son 21 las casas de crédito que ofrecen dinero a tasas altísimas en Santa Rosa. Una de ellas recurrió a la justicia, apenas poco más de un mes después de haber efectuado un préstamo, consiguiendo que una jueza de primera instancia resolviera el embargo ejecutivo de la persona demandada por más del doble de lo que le habían facilitado.
La historia fue relatada -papeles en mano- por el diputado de Coalición Cívica Juan Carlos Scovenna, quien no sólo se preocupó de la situación personal de la mujer afectada, sino que investigó cuál es la actividad de las entidades financieras y en qué condiciones las cumplen. El legislador informó que en noviembre de 2008 recibió a una trabajadora del interior de la provincia que había sacado un préstamo en una financiera de Santa Rosa por 900 pesos y que debía devolver en 12 cuotas de 156,68 pesos. Amplió diciendo que a esta señora "al mes le inician una ejecución por 1.800 pesos más las costas, lo que significaba que debía pagar en total más de 2.500 pesos".

Explicó que en el mismo momento en que le dieron el dinero le hicieron suscribir un pagaré por la suma total que iba a deber a los 12 meses, "pero resulta que la ejecutaron al mes y medio. Me pareció desde el principio que era una estafa, porque el pagaré debiera haber sido firmado por los 900 pesos que le dieron, y acompañar el 'mutuo' donde se establece la tasa de interés y reclamar las sumas adeudadas, en realidad una cuota, pero no el monto total. Eso es una verdadera estafa". Con posterioridad la mujer formuló una denuncia penal por estafa y está a la espera de la decisión de la justicia.

Tasas "altísimas".

Obviamente no se trata del único caso, y fue a raíz de ese detonante que la gente de la Coalición Cívica se puso a relevar la cantidad de financieras en Santa Rosa. Expresó Scovenna que "advertimos que hay por lo menos 21 en la ciudad, pero deben ser más, que hacen publicaciones en medios gráficos, que tienen oficinas abiertas al público y el modus operandi sería el mismo: ninguna de estas empresas tienen control, ni del Banco Central de la República Argentina que está obligado a eso, ni tampoco de los organismos de defensa del consumidor del gobierno provincial".

Con respecto a la forma en que operan determinó que "las tasas de intereses a que prestan dinero son altísimas, y comparándolo con las que cobran algunos organismos oficiales, como el Banco de La Pampa, el Instituto de Seguridad Social y alguna otra mutual, vemos que sus intereses pese a que son altos resultan muy menores con respecto a las financieras".

Cabe señalar que mientras el Banco de La Pampa presta a razón del 14,95% anual, la Caja de Previsión lo hace al 10,64 y el Instituto de Seguridad Social al 7,63 anual. Basta decir que la tasa de interés nominal anual "más barata" en una casa de crédito de las que se menciona es del 35,36%, pero la mayoría está arriba del 70%, e increíblemente algunas -entre ellas una de las más conocidas- llegan a cobrar hasta el 113,6% y otra está al tope con el 143,87%.

"En un momento de crisis, en que las necesidades, sobre todo de la gente de menores recursos, se acrecientan no tienen más remedio que recurrir a estas financieras. Y así terminan como esta trabajadora a quien se le reclaman sumas que no deben", señaló el diputado de la Coalición Cívica.

Cuidado con los pagarés.

Agregó que "es evidente que hay un interés de estafar, de apropiarse de dinero que no les corresponde". Aseguró que "están superados los tribunales por reclamos de estas financieras, que lo hacen en mucha mayor medida que la Dirección de Rentas de la provincia. Y lo grave es la falta de controles y de protección por parte del Estado, que tiene la inexcusable obligación legal de hacerlo".

Scovenna planteó que a partir del martes próximo en sus teléfonos de la Cámara de Diputados -números 431999 y 429255- habrá una persona atendiendo a quienes se sientan perjudicados por esas financieras, además de recibir a quienes se presenten personalmente. Un proyecto de resolución elaborado por el mismo legislador le pide al Poder Ejecutivo, y también al Ministerio de la Producción, y a la Oficina de Defensa del Consumidor que informe el listado de comercios o entidades de crédito autorizados a funcionar en nuestra provincia. También pide detalle de los controles que se realizan e información acerca de denuncias y reclamos de damnificados.

Finalmente reclamó campañas de difusión y de prevención para alertar a la población sobre las altas tasas de interés que se cobran por préstamos de dinero de algunas de esas entidades, y los posibles fraudes a que podrían exponerse firmando pagarés que terminan siendo trampas financieras.

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