El diputado Comparato solicitó la derogación del Decreto 2067/08

Días pasados, el Diputado Provincial, Dr. José Luis Comparato, del Bloque de la Coalición Cívica, mediante un Proyecto de Declaración solicito al Poder Ejecutivo Nacional la urgente derogación del Decreto 2067/08 que crea "el Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural", y la instrucción a las empresas encargadas de percibir el cuadro tarifario establecido en el Decreto de abstenerse de realizar el corte de suministro de gas natural por falta de pago de facturas en las que se les hubiese aplicado, debiendo realizar la refacturación de las mismas, de acuerdo los cuadros tarifarios que se encontraban vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma cuya derogación se solicita.
El Poder Ejecutivo Nacional dicta a fines del año 2008 el Decreto 2067/08 a través del cual, crea un "Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias".

En el mismo se determina que El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS será el encargado de reglamentar el alcance, la constitución y el funcionamiento del Fondo Fiduciario. Autorizándolo además, con la asistencia técnica de la SECRETARIA DE ENERGIA bajo su dependencia y del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.

A través de la Resolución 536/08 del ENARGAS se instituyó un adicional a las tarifas que los usuarios deben abonar como contraprestación por el servicio de gas natural por redes, que se denomina "cargo tarifario" y que tiene por finalidad la capitalización del Fondo Fiduciario creado con el objeto de hacer frente a las eventuales necesidades de importación del gas natural comprimido.

La aplicación del Drecreto2067/08 y de la Resolución 536/08 del ENARGAS trajeron aparejado un aumento de hasta el 400% en las facturas de gas natural domiciliario, abarcando una porción importantísima de usuarios, muy por encima de . los porcentajes que manifiesta el gobierno nacional. La constitucionalidad de estas normas fueron cuestionadas por recursos de amparo que se han presentado en distintos lugares del País y que han prosperado de manera cautelar en Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Tucumán, Escobar y Pilar, Mar del Plata, Bolívar, Tandil, Azul, entre otras, habilitando a los usuarios a pagar las facturas del servicio de gas natural pero excluyendo el cargo cuestionado.

La Declaración propuesta, solicita al Poder Ejecutivo Nacional la urgente derogación del Decreto 2067/08 y la instrucción a las empresas encargadas de percibir el cuadro tarifario establecido en el Decreto de, abstenerse de realizar el corte de suministro de gas natural por falta de pago de facturas en las que se les hubiese aplicado, debiendo realizar la refacturación de las mismas, de acuerdo los cuadros tarifarios que se encontraban vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma cuya derogación se solicita.

Entre otras irregularidades evidentes que presentan las normas cuya derogación se propicia, se encuentran el no haberse realizado las audiencias públicas establecidas por el Marco Regulatorio del Gas.

De igual modo debe decirse que el nuevo cargo adicional creado ha sido impugnado por el Defensor del Pueblo de la Nación, por considerar "que las facturaciones contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitución Nacional".

En consonancia con este aumento tarifario, existen en el Congreso de la Nación varias iniciativas tendientes a derogar el decreto Drecreto2067/08 y de la Resolución 536/08 del ENARGAS que no han tenido tratamiento legislativo por dilaciones y argucias de legisladores oficialistas, que vedan todo tipo de debate, y participación de las entidades y agrupaciones cuyo objeto es la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Que es nuestro deber como legisladores provinciales solicitar a Poder Ejecutivo Nacional la urgente e inmediata derogación y revisión de las normas antes mencionadas, no solo por sus vicios de irrazonabilidad e incosntitucionalidad, sino también por estar generando un ánimo de adversidad y crispación en gran parte de la sociedad.

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