En víspera de la última etapa del impeachment, que debe comenzar el 25 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff dirigió este martes una carta “al Senado y al Pueblo Brasileño”. En un texto de cuatro páginas pidió a los parlamentarios (los jueces) que anulen el juicio y reconozca “ante pruebas irrefutables” que no existió el “delito de responsabilidad fiscal”, con el cual se pretende incriminarla. Más importante aun fue su defensa de la democracia: la solución para la crisis actual de Brasil, tanto política como económica, “pasa por el voto popular en elecciones directas”.

Rousseff fue contundente: “La democracia es el único camino para la construcción de un pacto de unidad nacional, de desarrollo y justicia social. La única vía para superar la crisis”. Propuso que si retorna a la jefatura de Estado, convocará a un inmediato plebiscito que habilite las elecciones anticipadas en el país. Algunos analistas dijeron que el llamado a retornar a los carriles democráticos “no tendrá impacto”. Según un experto de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, Marco Antonio Teixeira, “es prácticamente nula la posibilidad de convocar a un referéndum y a comicios adelantados”. Y no deja de tener cierta razón: es que la base objetiva para destituir a Dilma nada tiene que ver con presuntos delitos de la presidenta. Está vinculada en cambio con una estructura congresista, tanto de diputados como senadores, que se basa en el sistema de presión, negociación y dádivas (estas últimas financieras) como mecanismo de relación con el Poder Ejecutivo. Esto se vio claramente en las reuniones que mantuvo el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Michel Temer, con los líderes parlamentarios que lo siguen. Para ganarse a ellos y sus tropas repartió cargos ministeriales, tanto de primera como de segunda línea. Pero no sólo esto; también distribuyó dinero en la forma de “partidas presupuestarias” para obras en los distritos que los eligieron. Es un revestimiento legal de una actividad ilegítima: la compra de votos.

Allí no terminan las causas que lleva a los politólogos a manifestarse escépticos. Para una mayoría Dilma “perdió las chances de contener el proceso de impeachment” y si alguna novedad podría producirse, vendría de “las denuncias contra el propio Temer” y su grupo, que procederán de las delaciones del holding Odebrecht sobre la corrupción generalizada en el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y muchos de sus socios actuales. La revista Veja publicó, recientemente, parte de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Ceo de la compañía, que implican directamente al presidente interino.

“Soy inocente”, enfatizó Rousseff en ese documento. Y brindó precisiones: “En el sistema presidencialista, previsto en nuestra Constitución, no basta la desconfianza política para alejar un presidente. Precisa que exista delito de responsabilidad”. Se trataría de ese tipo de “responsabilidad” derivada de admitir, implícitamente, que se transgredieron normas desde el poder central. “Este delito no existió. No hubo tal cosa”, indicó la presidenta. En función de esto, “sólo el pueblo, a través de elecciones, puede alejar a la jefe de Estado y de gobierno por el "conjunto de la obra". De lo contrario, sostuvo, “de consumarse el impeachment tendríamos un golpe de Estado”. La razón, argumentó en la carta, es que un colegio electoral de 110 millones de electores será sustituido por un colegio electoral de 81 senadores. “Es una elección indirecta que no tiene sustento constitucional”.

Cuando las cartas están marcadas, como parece ocurrir en el Senado, ninguna señal es suficiente para modificar el juego turbio. Quienes están apurados por su desplazamiento juzgaron que la carta es “un acto de desesperación política”. Así, Cassio Cunha Lima, titular del bloque del Partido Socialdemócrata de Brasil en el Senado, juzgó que el dossier “es extemporáneo, intempestivo y fuera de timing”. Adujo que “después de dar la espalda al Congreso, ¿ahora ella quiere dialogar?”. Para estos legisladores, la democracia no está en juego desde que se sigue lo que ellos llaman “el rito”, es decir, las normas formales para el juicio.