El gobierno se enfrenta en estos días de campaña electoral con un profundo dilema de debate proselitista: la necesidad de que los candidatos de Cambiemos puedan mostrar los logros que hubo hasta ahora en la lucha contra el narcotráfico y, al mismo tiempo, encarar una respuesta concreta a los reclamos de inseguridadciudadana.

Luego de haber instalado el tema de la corrupción kirchnerista, a partir del debate por la expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados, que fue considerado desde el oficialismo como "un éxito" electoral, en los despachos de la Casa Rosada y en cada búnker de campaña de la UCR y el PRO se plantean como armar un discurso proselitista para el electorado que contemple ambos flagelos. Para plantearlo abiertamente tal como lo ven hoy en el gobierno: la pelea contra el narcotráfico dio resultados pero la inseguridad ciudadana persiste en los centros urbanos.

Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri dio instrucciones precisas a sus candidatos y ministros para lanzar un fuerte discurso sobre la lucha contra el narcotráfico. Como lo hizo él mismo, durante su visita a Tucumán esta semana. Sin embargo, el gobierno sabe que la pelea contra "la mafia de los narcos" que está llevando adelante no logró calar en una reducción real de los delitos de inseguridad callejera que atentan contra el ciudadano medio.

"Estamos en medio de una profunda contradicción. Bajamos drásticamente el narcotráfico en varios puntos del país pero el ciudadano medio no lo siente y sigue sufriendo robos o secuestros", dijo un encumbrado funcionario de la Casa Rosada.

El debate excede al Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich ya que esa cartera no puede combatir todos los delitos y las fuerzas de seguridad están abocadas a los delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo o el contrabando. En rigor, el tema de mayor debilidad en el discurso proselitista de Cambiemos alcanza a los municipios y provincias donde las policías locales no logran frenar la inseguridad.

Buenos Aires es, en este caso, el distrito más castigado por la inseguridad aunque no es la única provincia con graves problemas de robos, homicidios o secuestros. La interrelación directa que hay entre la lucha contra la inseguridad ciudadana y el narcotráfico resulta difícil de explicar para el gobierno. Pero es palpable.

Los datos del combate contra el narcotráfico son alentadores para el Gobierno. Según un informe del Ministerio de Seguridad al que accedió Infobae, entre 2015 y 2016 los procedimientos policiales contra bandas de narcos aumentaron en un 3,19% y el número de detenidos por este delito en un 1,15%. Además creció la incautación de estupefacientes, con un 28% en el caso de la cocaína, un 2.630% de anfetaminas y en un 600% de éxtasis. Este año los números se mantienen en los mismos niveles según aseguran en Seguridad.

Los operativos antidrogas se extienden en todo el norte del país. Allí se acaban de instalar centros de operación y monitoreo de mercaderías y movimientos de gente en las localidades de La Quiaca, Salvador Maza, Iguazú y Aguas Blancas con tecnología moderna de Israel, que incluye drones de última generación, radares, cámara infrarrojas y dispositivos que estarán en conexión directa con un centro de operaciones en Buenos Aires. A todo esto hay que añadirle los datos que arroja el Ministerio del Interior: desde 2016 hasta ahora se frenó el ingreso al país de unas 8200 personas con antecedentes penales.

Pero, paradójicamente, el ataque al narcotráfico repercute en la delincuencia ciudadana. "Hace un año la piedra de marihuana costaba en el conurbano unos 250 pesos y hoy vale 500 pesos". ¿El motivo? La escasez de drogas por los allanamientos e incautaciones que hicieron las fuerzas federales. ¿El efecto inmediato? El recrudecimiento de la guerra entre los transas y el aumento del delito urbano.

El gobierno acaba de emitir un informe de criminalidad en el que señala que la totalidad de los delitos disminuyó un 6% en todo el país entre 2015 y 2016 y los homicidios dolosos se redujeron en 9%, lo que representa 232 víctimas menos.

Pero en la Casa Rosada saben que estos datos aún no son alentadores en medio de una campaña electoral muy dura. El gobierno intenta bajar el mensaje de la lucha contra la inseguridad a los gobernadores. Pero los datos de la realidad en las provincias golpean duramente.

Según datos oficiales de la provincia de Buenos Aires a los que accedió Infobae los homicidios en general presentan este año una disminución del 14.08% respecto al 2016 y un 28.82% respecto al 2015. A la vez, los homicidios en ocasión de robo presentan una disminución del 18.46% respecto al 2016 y un 11.67% respecto al 2015. Sin embargo, del total de delitos prevenibles cometidos se obtiene una disminución del 1.33% respecto a 2015 y un aumento del 2.64%respecto al 2016 este año. Los asaltos presentan una disminución del 9.74% respecto a 2015 y un aumento del 4% respecto al 2016. Y los robos presentan un aumento del 7.29% respecto a 2015 y un aumento del 5.51% respecto al 2016. Lo mismo con los hurtos que observan un aumento del 10.27% respecto a 2015 y un aumento del 0.91% respecto al 2016.

En el gobierno bonaerense admiten por lo bajo que la lucha contra la inseguridad se hace "muy difícil de ganar" con una policía que no ayuda demasiado. En rigor, la depuración de la fuerza que hizo María Eugenia Vidal generó un importante número de mano de obra desocupada que hoy es "incontrolable", según admiten varios funcionarios bonaerenses.

Sin embargo, Buenos Aires no es un caso aislado. En Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos ocurre algo similar. Se añade otro dato problemático para este flagelo: por temor o falta de confianza en las policías, en el gobierno nacional estiman que un 77% de las denuncias por robos o secuestros no se realizan.

El Ministerio de Seguridad intentó hace unos meses atrás impulsar un acuerdo de presencia de fuerzas federales en las comisarías para controlar de alguna manera el accionar de los efectivos. Pero la idea fue rechazada de plano por las cúpulas policiales.

Desde la cartera que conduce Bullrich hay una idea de instrumentar el "modelo canadiense" de policías provinciales. Un esquema en el que los uniformados puedan ser instruidos y tengan una jerarquía de adiestramiento similar a la que hoy tiene la Gendarmería. De esta manera, creen que se podrían mejorar el combate al delito común en las provincias.

"Resulta muy difícil coordinar con algunos gobernadores un plan de lucha integral contra la delincuencia desde la Nación", admitió a Infobae un funcionario allegado a Macri. No quiso dar nombres de gobernadores o intendentes, pero el viaje reciente del presidente a Tucumán donde denunció "las mafias narcos" y eludió abiertamente al gobernador Juan Manzur resultó elocuente para ilustrar este tema. La tensión persiste con gobernadores como Gildo Insfrán, en Formosa, o los Rodríguez Saá, en San Luis.