Difunden nota con las principales críticas de los abogados de San Luis hacia el Poder Judicial

Ayer, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis remitió a la prensa local la nota que envió al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Gatica.

La misiva incluye diversas “inquietudes manifestadas por profesionales matriculados, en cumplimiento de lo resuelto en reunión ampliada” convocada por el Directorio del Colegio, el cual recepcionó “sugerencias y críticas al funcionamiento del Poder Judicial, primera circunscripción”, a los efectos de ponerlos a conocimiento de Gatica.

“Ellas abarcan cuestionamientos de índole material y estructural, como asimismo respecto de la calidad institucional del Poder Judicial, cuya solución requiere, sin dudas, de un decidido compromiso por parte de ese Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis”, dice el comunicado.

La nota enviada a Gatica consiste en un listado de problemas que enumera brevemente, para luego dedicar unos párrafos “a la problemática institucional y de urgente atención que atravesamos”. 

A continuación reproducimos las inquietudes, críticas y sugerencias recopiladas por el Colegio de Abogados. 

- “Recurrentes inconsistencias del sistema iurix, que lejos de solucionarse persisten y se incrementan, tales como las permanentes caídas del sistema, publicación de despachos diferentes en una misma jornada, eliminación de actuaciones en el expediente digital, anexos de actuaciones que no corresponden al expediente;

-Falta de coordinación y unidad de criterio en los Juzgados respecto a trámites comunes, como el libramiento de Oficios y mandamientos electrónicos;

-Escasa producción de proveídos en los despachos diarios, ocasionado ello en gran medida por la dificultosa tarea de ingresarlos en el sistema electrónico;

- La constante emisión de proveídos incompletos, o de escasa virtualidad que requieren de una nueva presentación del abogado, provocando dilaciones innecesarias en la causa.-

-Continua renovación de plazos vencidos para el dictado de sentencias, circunstancia que permite la existencia de causas en ese estado con más de diez años de demora, lo que implica una evidente situación de denegación de justicia, con el agravante de que no se da la publicidad correspondiente;

- Retrasos en la elevación y sorteo de causas en la segunda instancia, por motivos puramente burocráticos;

- Demoras en la atención profesional en las mesas de entradas, siendo urgente dotar a todos los juzgados de fichadores electrónicos para los profesionales que concurren al solo efecto de presentar escritos.

En cuanto a la problemática institucional y de urgente atención que atravesamos, es unánime entre los abogados el reclamo respecto de la falta de definición y división de las tareas que les correspondan a los Secretarios en los distintos juzgados, debiendo optimizarse los recursos físicos y humanos existentes. De esta manera, mientras se espera por la creación de nuevos juzgados, los existentes deben estar dotados de una estructura administrativa con roles diferenciados y eficaces en todos y cada una de las funciones que se ocupa en los Juzgados. Entendemos que se impone una inmediata reestructuración administrativa del Poder Judicial, en especial lo referido a los Juzgados de Primera Instancia.

Para ello, indudablemente se requiere mayor preparación y formación de los recursos humanos en general, en cuanto a la atención y compromiso con el rol que desempeñan como auxiliares del servicio de justicia, como así también la necesidad de evitar la constante rotación de empleados y secretarios, lo cual impide su perfeccionamiento y consolidación en determinadas áreas. Se debe lograr una actitud de compromiso de parte de todo el personal, llevando adelante la carrera judicial basada en la excelencia y aptitud y no sólo como una salida laboral circunstancial.

Finalmente, se reclama la necesidad de implementar medidas tales como la presentación periódica de las declaraciones patrimoniales de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; como manera de garantizar INDEPENDENCIA y OBJETIVIDAD de dichos operadores de la justicia; es imperioso evitar que, además del deterioro material, el Poder Judicial pierda estos atributos y cualidades mediante sospechas de corrupción”.

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