Diferencias respecto del valor que debe darse al examen y a los antecedentes

Durante el encuentro se dio un rico debate acerca de qué gravitación deberán tener la prueba de oposición escrita y los antecedentes en los concursos públicos que llevará adelante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir la treintena de cargos vacantes en el Poder Judicial.
El proyecto oficialista fija que los aspirantes podrán obtener hasta 55 puntos por el examen, hasta 35 por los antecedentes (profesionales y académicos) y hasta 10 por la entrevista. También aclara que el concursante que no sumara 60 puntos entre los dos primeros ítems no podrá ser entrevistado por los miembros del CAM. Sin embargo, como no se exige un mínimo que alcanzar en la prueba de oposición, será posible que alguien que reuniera 35 puntos por los antecedentes y sólo 25 por la evaluación consiguiera los 60 puntos necesarios para seguir en carrera.

El decano de la Facultad de Derecho de la UNT, José Luis Vázquez, pidió prudencia. "Aunque son muy importante las pautas objetivas sobre la formación técnica que surgen de un examen, no lo son menos los antecedentes, que constituyen la radiografía de la formación de una persona", aseveró.

El rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, agregó: "como decía un matemático, la prueba es necesaria, pero no es suficiente".

Juan Carlos López Márquez, miembro del consejo directivo del Colegio de Abogados, defendió la primacía de la prueba de oposición en los concursos y, por eso, interrogó a Vázquez acerca de cuál era su propuesta. El decano repitió lo que ya había dicho y agregó que el examen escrito, "importa la formación, la honestidad, y el compromiso del futuro juez con la democracia y con las instituciones".

A favor de una terna

El presidente del colegio, Eudoro Aráoz, pidió al oficialismo que recapacite. Y advirtió que fijar por ley que el CAM elevará tras la selección quintetos de candidatos al gobernador, José Alperovich, quien podrá apartarse del orden de mérito sin dar razones, podría ser un foco de judicialización.

"Les dijimos que debe establecerse una terna, para recortar la discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo y que, además, la última jurisprudencia internacional reitera que sólo es posible apartarse del orden de mérito dando fundadas razones. Si no se corrige esto, puede convertirse en un factor de conflictividad", advirtió.

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