Las diferencias entre Aerolíneas y el plan de las jubilaciones

Por Adrián Ventura

La decisión del Estado de tomar los fondos de las AFJP no debe ser interpretada como una expropiación, sino como una confiscación lisa y llana.

Respetar el derecho de propiedad, expropiar una propiedad (por ejemplo, una vivienda o Aerol|íneas Argentinas) y confiscar un bien sin pagar indemnización alguna no son lo mismo y la Constitución nacional no permite que el Estado tome cualquier medida, a cualquier costo, para lograr incluso los objetivos más loables.

Un ejemplo vinculado con la vida cotidiana lo aclara: la necesidad de solucionar el problema de la inseguridad nunca puede pasar por matar a los delincuentes o por torturarlos, sino por prevenir el delito y por detener a los infractores. En otras palabras, el fin legítimo, garantizar la seguridad ciudadana, no autoriza a utilizar un camino ilegítimo.

La Constitución nacional da el perfil del sistema democrático argentino: vivimos en un Estado de Derecho y las reglas constitucionales existen para ser respetadas. Saltearlas genera inseguridad jurídica, cientos de juicios costosos, aleja las inversiones y provoca zozobra en la gente. Esa es la diferencia entre la democracia y el autoritarismo, entre la república presidencialista y el caudillismo.

En este contexto, se pueden analizar dos casos vinculados con el derecho de propiedad: Aerolíneas Argentinas y los depósitos de las AFJP.

Se puede cuestionar políticamente que el Estado deba tener una aerolínea de bandera o se puede compartir esa decisión política, pero es indudable que el Gobierno tiene la potestad constitucional de avanzar con su estatización si elige alguno de los únicos dos caminos correctos: la ?compra?, como dice la ley aprobada por el Congreso, o la expropia.

La única forma de privar a una persona de una casa ?por ejemplo, para construir una autopista? o de privar a una empresa de sus bienes es comprarla o bien expropiarla y pagar la indemnización.

Si el Congreso lo cree políticamente acertado debe sancionar una ley que declare de utilidad pública ese bien y pagar una indemnización plena. Por supuesto, siempre habrá lugar para discutir el monto del resarcimiento, pero ése es el único sistema constitucionalmente aceptable. Si el Congreso no tomase algunos de esos caminos, en cambio, estaría confiscando la empresa.

Peor que Aerolíneas

Desde este punto de vista, los accionistas de las AFJP y, especialmente, los afiliados de las administradoras fueron colocados por el Estado al borde de la delicada situación de ser confiscados, según coinciden juristas.

A los accionistas de las AFJP el proyecto de ley les promete una ?compensación?, exigua y que no llega a ser ni remotamente una indemnización.

Pero mucho peor aún quedan colocados los trabajadores que durante muchos años acumularon un fondo para su jubilación: ellos tienen un derecho de propiedad sobre ese fondo, como el que tienen sobre su vivienda o auto. Esos fondos, que integran su derecho de propiedad tutelado por el artículo 17 de la Constitución nacional, están en una cuenta y, en ciertas condiciones, pueden ser rescatados o heredados.

La decisión del Estado de tomar los fondos sin pagar una indemnización o, siquiera, darle al propietario un bono ni una letra ni un título que reconozca su derecho sobre ellos es inconstitucional. Ni siquiera la ley de emergencia de 2002 y el decreto 214/02 (que estableció el corralito), que fueron inconstitucionales, se animaron a tanto: en aquellos años se reconoció el derecho de propiedad sobre los depósitos bancarios, se postergó su devolución.

?Estatizar? una aerolínea o los fondos previsionales puede ser, para algunos, un objetivo políticamente loable. Pero incluso quienes compartan esa finalidad no deberían tolerar la ruptura de las reglas constitucionales.

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