Diez investigaciones golpean al Gobierno

Son relevamientos que realizó en su mayoría la Auditoría General de la Nación; algunos casos generaron denuncias judiciales
Demoras e insólitos casos de incorrecta liquidación de haberes en la Anses. Brutal depredación de las reservas de merluza hubbsi y calamar por la ausencia de control desde la Subsecretaría de Pesca. Sobreprecios que se insinúan escandalosos en una obra de interconexión eléctrica en Pico Truncado, Santa Cruz.

Esta es una pequeña muestra de diez auditorías de contralor que se revelaron este año y que cuestionan, en algunos casos de manera muy crítica, distintos aspectos de la gestión Kirchner, desde 2003 hasta hoy. Se trata de informes que confeccionaron la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sigen, órgano de contralor interno de la administración pública.

Algunas auditorías provocaron serios dolores de cabeza al Gobierno luego de que la Justicia tomara cartas en el asunto. Un ejemplo es el caso Greco: anteayer, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de cuatro ex funcionarios del área legal del Ministerio de Economía por anomalías al ordenar el fallido pago de 600 millones de pesos al grupo.

La AGN había advertido sobre "reiterados actos de negligencia" por parte de aquel sector legal (como falta de contestación de demandas y de producción de pruebas), lo que llevó a la Justicia a alertar sobre un posible "acuerdo encubierto" entre los funcionarios y la empresa.

Otro caso polémico es el de sobrepesca de merluza, que hace un mes motivó el fallo del juez de Mar del Plata Alfredo López, que obliga al Gobierno a elaborar un plan para preservar el recurso. Poco antes había renunciado el subsecretario de Pesca, Gerardo Nieto.

Un informe de la AGN advirtió que las reservas de merluza hubbsi y de calamar se hallan "al límite de su explotación" porque fallan los controles oficiales: constató que las diferencias entre las capturas declaradas y lo constatado por los inspectores en la descarga en puerto no se envían al área de infracciones respectiva y que en la mitad de los buques relevados "no se confecciona correctamente el parte de pesca del capitán".

En rigor, son excepcionales las auditorías que causan la caída del funcionario responsable. Aun así, y pese a que en algunos casos hay trabas y demoras sugestivas hasta su difusión, el control sigue su curso.

Anses: un informe de la Sigen es lapidario. Verificó "errores en el cálculo de haberes por haber tomado como fecha de inicio una fecha posterior a la correcta, al liquidar retroactivos menores". Detectó demoras en los trámites y otorgamiento de beneficios a solicitantes que son incompatibles. "En ciertos casos no se consideraron todos los años de aportes", dice el informe del año pasado, en la gestión de Sergio Massa.

Energía: la AGN detectó presuntos sobreprecios en la obra de interconexión eléctrica Choele Choel-Puerto Madryn-Pico Truncado. Originalmente, la obra era hasta Puerto Madryn (con un costo por kilómetro de $ 545.736), pero sobre la marcha se la extendió hasta Pico Truncado (con un costo por km. de $ 848.812). La AGN auditará este caso en 2009.

Seguridad vial: pese a que el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) aumentó su presupuesto un 7300% en los últimos años, la AGN detectó que no mide la calidad de los pavimentos con regularidad y que presenta atrasos "significativos" en la ejecución de las obras que debe fiscalizar.

Transporte: según la AGN, las dependencias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, encargada de verificar el transporte público y de carga, registran una "inacción coordinada" que no garantiza "la seguridad de las unidades y la confiabilidad de sus controles".

Aeropuertos: ésta es una auditoría que sugestivamente aún no se aprueba en la AGN, de mayoría oficialista. El informe, base de una denuncia del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, señala que Aeropuertos Argentina 2000 adeudaba 1900 millones de pesos por cánones impagos, pero el Estado se la condonó a cambio del 20% del paquete accionario.

Aerolíneas Argentinas: la AGN determinó un pasivo de unos 2500 millones de pesos, que, en virtud de la expropiación, deberá ser absorbido por el Estado. El informe advierte que las empresas afrontan 1800 juicios por demandas millonarias.

Onabe: el Organismo de Administración de Bienes del Estado carece de lo más elemental, un sistema único de registro y gestión que permita confeccionar un inventario de inmuebles. La AGN detectó demoras en la tareas de transferencia gratuita de terrenos a las provincias.

Obras sociales: según la AGN, hay sobreprecios y falta de control en los subsidios que otorga la Administración de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud.

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