La polémica licitación de los remolcadores de los barcos de GNL que arriban a los puertos de Bahía Blanca y Escobar que lleva adelante la empresa estatal Enarsa registró dos novedades relevantes.

Por un lado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich confirmó que el contrato de los remolques que implica un negocio anual de 50 millones de dólares ya fue adjudicado a la sociedad que integran el grupo naviero danés Maersk y la local Logística y Servicios Marítimos (LSMSA) de la familia Samarín.

Y por otro lado, la empresa Transona -que había quedado relegada al segundo lugar por una diferencia de precios de 8 %- acudió a la Justicia para denunciar la existencia de una serie de irregularidades y el direccionamiento de la licitación a favor del gigante marítimo Maersk.

Tras reconocer esta mañana en el programa de radio de Jorge Lanata que la Oficina Anticorrupción (OA) intervino en el contrato ante las denuncias, como anticipó LPO, Dietrich sostuvo que la oferta presentada por Maersk y LSMSA implica una reducción tarifaria del 36% y un ahorro de 225 millones de pesos anuales con respecto a los sobrecostos que venía pagando Enarsa.

Si bien reconoció que el organismo que conduce Laura Alonso tomó cartas en el asunto, el ministro indicó que su cartera y Energía le enviaron a la OA la documentación que había requerido para analizar las denuncias y los cuestionamientos que recayeron sobre el proceso licitatorio.

Aunque Dietrich no lo haya admitido, el expediente de la OA que quedó a cargo del Investigador Principal, Lucas Trigo terminó demorando más de un mes la adjudicación definitiva del contrato a Maersk que inicialmente había estado pautada para fines de julio.

Actualmente, Maersk –que a nivel mundial concentra casi el 20% del tráfico de contenedores—tiene la concesión para operar hasta 2019 la terminal 4 del puerto de Buenos Aires y es una de las principales líneas marítimas que moviliza las cargas de importación y exportación del país.

Casi al mismo tiempo en que Dietrich salió a defender la licitación piloteada por Enarsa –una compañía estatal que no está en la órbita de su ministerio--, la empresa de remolcadores Transona procedió a “judicializar” el tema con una acción de amparo y una medida cautelar que apuntan a frenar la instrumentación del contrato.

Las presentaciones --que quedaron radicadas en el Juzgado Civil y Comercial Federal Número 7 a cargo de Bibiana Adriana Pérez—pusieron de relieve cuatro aspectos clave de la oferta de Maersk que no se ajustaron al pliego y que los funcionarios de Enarsa dieron por válidos:

--La propuesta y la rebaja tarifaria de Maersk y LSMSA estuvo condicionada a dos variantes que no estaban contempladas en las reglas de juego: un contrato por 24 meses y la doble operación de los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

--Los trece remolcadores ofrecidos por Maersk no estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de la oferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación.

--Si bien LSMSA es una empresa nacional, lo que ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino.

--La oferta también violó la ley de cabotaje que establece que la navegación, comunicación y comercio internos serán practicados únicamente por barcos argentinos. En caso de que no haya barcos locales, las unidades afectadas al servicio deben contar con permisos excepcionales otorgados en forma previa, requisito que los remolcadores usados que propuso traer del exterior Maersk no tienen cumplido.

Además de la movida de Transona, la cuestionada licitación de los remolcadores arrastra otra denuncia de irregularidades y pago de sobrecostos marítimos y portuarios afrontados por Enarsa.

Según las presentaciones efectuadas por la Cámara de Lanchas de Prácticos, la Cámara de Practicaje y Pilotaje, la Cámara Santafecina de la Industria Naval y la Mesa de Unión Naviera; la actual conducción de Enarsa que encabeza Hugo Balboa no procedió a revisar la estructura de los sobrecostos portuarios y marítimos de los barcos de GNL que sido había diseñada durante la administración kirchnerista por la agencia marítima Meridian que también pertenece a la familia Samarín.

Además de consignar que se siguen contratando más remolcadores de los necesarios, las entidades advirtieron que la agencia de Samarin nunca le habría trasladado a Enarsa—que era la que pagaba todos los gastos—las bonificaciones del orden de 150.000 dólares que obtenía de las empresas de remolque y practicaje por cada barco de GNL que ingresó al país en los últimos años.

Meridian aparece involucrada en la causa en que fue procesado el ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez por maniobras fraudulentas y desvío de fondos de la entidad gremial.

Según las pruebas reunidas en la causa contra Suárez que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, Meridian—actuando por cuenta y orden de Enarsa—desvió el pago de una factura de casi 2 millones de dólares por cursos de capacitación que debía ir para la Fundación Azul del gremio a la pesquera privada San Jorge Marítima que tiene entre sus dueños al ex líder del SOMU.