Presentado con bombos y platillos, rápidamente el acuerdo de exportación de cosechadoras a la República de Angola incursionó en un turbio sendero de suspicacias, denuncias y embargos. Y terminó con el peor final. La empresa que se había comprometido a desarrollar las máquinas entró en quiebra, por no poder afrontar las deudas contraídas con el Estado y proveedores.

Así lo decretó el 14 de marzo pasado el juez en lo Civil y Comercial Número 3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, según informó el sitio PaginaJudicial.com. La compañía, llamada Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, había ingresado en concurso preventivo de acreedores en octubre de 2012.

La presentación de la empresa fue por la puerta grande. Fue uno de los convenios que logró el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, durante su gira comercial por Angola. El propio gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, hizo subir un "prototipo" en la explanada de la Casa Rosada, como manera de mostrar lo que exportaría Argentina a los nuevos mercados africanos. En ese acto participó la presidente Cristina Kirchner.

Pero el sueño llegó a su fin cuando los propietarios de la firma Ricardo Senor, padre e hijo, y Sergio Scravaglieri no pudieron afrontar la deuda de 7 millones de pesos que tenían con la provincia de Entre Ríos, en total 10 millones si se suman las deudas con otros proveedores. El Fondo de Inversiones de Entre Ríos reclama 6.052.707 pesos y la Afip 778 mil; mientras que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), va por 250.000 pesos.

El síndico de la quiebra de la firma, Horacio Larrivey, comentó al Canal TN que la empresa "tenía una deuda muy grande y muy poca capacidad de pago". Calculó las obligaciones adeudadas entre 10 y 12 millones de pesos. "Entraron en cese de pagos y no pudieron", confirmó.

La empresa tampoco afrontó el alquiler del galpón en el puerto uruguayense, una deuda de 56.000 pesos. Sobre Senor pesa también un embargo de bienes, tanto en Concepción del Uruguay como en Córdoba, pedido por Daniel Huarte, fabricante de las partes de la carrocería de la cosechadora, abonadas con cheques sin fondos.

Senor padre e hijo y Scravaglieri están imputados también por una denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet. Son investigados por un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los millonarios créditos que recibió la empresa.

La fiscal Sandra Terreno los acusó por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. Sin embargo, la investigación no avanzó y se encuentra estancada. Tampoco hubo novedades respecto de la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de la Producción que debían efectuar los controles de ejecución del proyecto.