Los dichos de Garavano generaron un debate que desnudó la injerencia del poder político en la Justicia tucuma

Los dichos de Garavano generaron un debate que desnudó la injerencia del poder político en la Justicia tucuma

“Luchar por Justicia es una tarea titánica que te consume la vida. Nosotros vamos ya casi por los 10 años, pero el caso duerme en cada paso y hoy está en la Corte Suprema. La causa forma parte del programa nacional de ‘lucha contra la impunidad’, pero, lamentablemente, desde la Nación nada se puede hacer para que la Justicia de nuestra provincia actúe de forma independiente”, escribió Elina Marchese. Su madre y uno de sus hermanos murieron en un accidente de tránsito en la avenida Perón. El imputado en la causa es Gustavo Jiménez, hijo del ex ministro de Economía, Jorge Jiménez.

Su opinión se sumó a otras que se hicieron eco de las declaraciones del ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, acerca de los conflictos que aquejan al Poder Judicial de Tucumán. Entre sus definiciones, el funcionario nacional expresó su preocupación por la situación de la provincia y comentó que un abogado del Ministerio seguirá los casos de trascendencia pública. “La Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer las causas que generan conmoción social”, dijo el funcionario macrista. 

Diego Vals y Eugenio Racedo, presidente y vice presidente del Colegio de Abogados del Sur, señalaron: “coincidimos con las declaraciones del ministro. Para lograr la independencia de la Justicia de los poderes políticos y económicos es necesario lograr la confianza de la ciudadanía”. Esa entidad profesional anunció que convocará a entidades y organizaciones interesadas en el buen funcionamiento de la Justicia a debatir la instrumentación de reformas de gestión y el fortalecimiento institucional. “Apoyamos la tarea que al respecto viene realizando la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio de Abogados de la Capital”, dijeron Vals y Racedo. 

“La corrupción es una de las grandes deudas de todos los Tribunales del país”, había dicho Garavano en una entrevista a propósito de que en la Justicia provincial no hubo juzgamientos de funcionarios públicos en los últimos 15 o 20 años. A colación de ello, el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez recordó que, mientras estuvo al frente de su fiscalía (fue disuelta en 2005 por una decisión de la Corte que avaló el ex ministro público Luis De Mitri) pidió la elevación a juicio de varias causas. “Muchas cayeron porque los jueces dictaron nulidades que favorecieron a los imputados. Pero hasta el día de hoy sufro las consecuencias de esa época y me gustaría que esta tarea no sea olvidada”, expresó el ex diputado.

Pasos al costado

Federico Masso, secretario general del movimiento Libres del Sur, opinó: “el poder político llenó la Justicia de jueces y fiscales que, lejos de mantener la independencia de sus actos, actuaron para dar impunidad a los funcionarios públicos. En vez de rendir cuentas a la Justicia, estos acusados hoy caminan por nuestro Tucumán tranquilos, como si no hubiera pasado nada”. El dirigente usó como ejemplo el crimen no resuelto de Paulina Lebbos, que esta semana cumple 10 años. “Los que soñamos con que el partido que libramos en contra de la impunidad lo gane la justicia vemos en Alberto Lebbos un verdadero ejemplo”, reflexionó Masso. 

Según el legislador radical Eudoro Aráoz, las autoridades deberían dar un paso al costado. “Ha quedado demostrado que esta Corte no puede funcionar y que Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y de los defensores, causó la crisis que hoy denuncia durante los 11 años en los que se desempeñó como ministro de Justicia de José Alperovich”, expresó. El propio Jiménez diagnosticó la existencia de una crisis judicial general y expuso esta visión en una audiencia con Garavano. Previamente, representantes del Colegio de Abogados de la Capital y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados manifestaron al ministro su temor por la parálisis de las causas penales que involucran al ex fiscal Guillermo Herrera. 

“Fue Jiménez quien armó el fuero penal de acuerdo a las necesidades del Poder Ejecutivo. Un caso palpable es el de Paulina Lebbos. Es un hombre de la política que no va a colaborar para solucionar los problemas”, sentenció Aráoz. 

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