La falta de definición en torno a un posible aumento del precio del boleto urbano comenzó a preocupar a los propietarios de ómnibus, quienes esperaban el incremento de la tarifa para poder afrontar, sin contratiempos, los gastos salariales de fin de año. Ahora, algunos de los empresarios nucleados en Aetat consideran que será “muy difícil” poder cumplir en tiempo y forma con el medio aguinaldo y con el sueldo de diciembre. Este último debe ser cancelado los primeros días de enero.

Paralelamente, este oscuro escenario que avizoran los empresarios provocó incertidumbre en la Asociación Tranviarios Automotor (UTA). Los choferes de ómnibus evalúan, ahora, realizar medidas de fuerza. Durante un plenario de delegados, el sindicato resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando tienen previsto resolver los pasos a seguir.

En diálogo con LA GACETA, el empresario Miguel Mitre (es propietario de la Línea 8) expresó que el pedido de aumento de la tarifa urbana “no es un capricho”. Surge de un estudio de costos cuya modalidad fue aprobada por ordenanza, según precisó.

“El transporte de pasajeros es un servicio público que por Constitución le compete al Estado prestarlo. Como el Estado no cuenta con la infraestructura para hacerlo, lo concesiona al sector privado. Y el pedido de aumento no es un capricho. Lo establece la ordenanza N° 400 que indica que cada vez que el precio del boleto ingresa en un desfase como consecuencia de la inflación, el precio se debe ajustar. Por eso los empresarios pedimos que el costo de la tarifa sea modificado”, explicó Mitre, al tiempo que cuestionó los dichos del intendente, Domingo Amaya, quien había expresado días atrás que no iba a avalar una tarifa de $ 5.

“El intendente no puede enojarse y encapricharse y decir ‘no les voy a dar el aumento’. El tiene la obligación de hacer cumplir la ordenanza que indica que cuando hay inflación, el estado debe conceder un reajuste tarifario. Si Amaya quiere hacer política y por una cuestión social decide que el precio del boleto no tiene que subir, es su decisión. Que lo haga, pero que entonces subsidie a la actividad como ocurre en Salta, por ejemplo”, planteó Mitre.

Sobre la situación económica y financiera de la mayoría de las empresas, el dueño de la Línea 8 expresó que en estos momentos el sector no está en condiciones de pagar el medio aguinaldo ni el sueldo correspondiente al mes de enero. “La recaudación ha caído un 20% respecto a la del año pasado. Hoy, casi el 50% de las empresas atraviesa por una situación de quebranto. A tal punto que ya hay cinco líneas que se están por presentar en convocatoria de acreedores”, lamentó Mitre.

El estudio de costos que realizó Aetat determinó que el boleto debería costar $ 6,78. Ese mismo estudio fue girado al Concejo Deliberante de la capital para su análisis. A su vez, la comisión de Transporte del cuerpo legisferante municipal le remitió ese expediente al Departamento Ejecutivo municipal para que Amaya opinase sobre la conveniencia o no de avalar una suba. Hasta el viernes, esa documentación no había sido girada al Concejo.

Al ser consultado sobre si la próxima semana podría tratarse el incremento del boleto, el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, lo consideró poco probable.

“Es muy difícil que lleguemos con los tiempos para tratar en el recinto la suba del boleto. Sólo quedan 8 días hábiles para la finalización del período de sesiones ordinarias. Todavía no se avizora que pueda haber definiciones”, señaló el alperovichista.