¿Qué dice la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública?

Viedma.- (APP) De acuerdo a la Ley 3550 de Ética e Idoneidad de la Función Pública quien advierte que el patrimonio de un funcionario, juez o legislador "se ha incrementado desproporcionadamente a los ingresos conocidos durante el ejercicio de su cargo y sin que medien causas atendibles para ello, deberá poner el hecho en conocimiento del titular del poder u organismo al que el declarante hubiera pertenecido y al Fiscal de Investigaciones Administrativas, a los fines de que se adopten las medidas a que hubiere lugar".
Es en función de este artículo que la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, requirió al vicegobernador Bautista Mendioroz que "verifique" si el legislador Daniel Sartor tiene propiedades que no se corresponden a sus ingresos en la función pública.

La norma establece que los funcionarios deberán presentar ante el Tribunal de Cuentas, una declaración jurada de bienes, bajo juramento de ley y dentro del término de los treinta (30) días de hacer efectivo el cargo".

Allí deberán figurar: Bienes inmuebles, con todas las mejoras incorporadas, con valor actualizado de mercado estimado; Bienes muebles registrables tales como automotores, naves o aeronaves y similares, con valor y fecha de adquisición; Otros bienes muebles. Cuando un bien supere el valor de los cinco mil pesos ($5000) será detallado en forma individual, incluyendo fecha de la adquisición; Depósitos en cuentas bancarias o en entidades financieras, en distintas monedas; títulos, bonos o similares, entre otros.

Asimismo, los funcionarios obligados a presentar declaración jurada, deberán informar anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las variaciones patrimoniales, relevantes, si las hubiere.

Respecto a las facultades de la Fiscalía de Investigaciones, se señala en uno de los ítems que podrá practicar inspecciones en bienes muebles e inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los citados sujetos. (APP)

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