En 30 días el STJ resolverá la acción de inconstitucionalidad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dará una sentencia, en un plazo estimado de un mes, sobre el planteo de inconstitucionalidad a la resolución del Ente Regulador (EROSP) que permitió el incremento de las tarifas eléctricas
Así lo explicó anoche a El Comercial el ministro del STJ, Ariel Gustavo Coll. La acción nació por la presentación efectuada por el diputado provincial Martín Hernández (UCR), en su carácter de usuario de la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica, EDEFOR SA.

El STJ otorgó a Hernández una medida cautelar ordenando a EDEFOR SA abstenerse a proceder al corte de luz en el domicilio del legislador y también a realizar el cobro compulsivo de la factura. Asimismo, ordena que Hernández abone la tarifa vigente antes de la modificación de valores.

Coll explicó que antes de expedirse sobre la cuestión de fondo –es decir, la constitucionalidad o no de la resolución del EROSP-, se otorgó una medida cautelar al usuario.

30 días

A partir de ahora, Hernández tiene 15 días para notificar a la Fiscalía de Estado sobre la resolución del STJ. Y una vez notificada, esa oficina estatal tiene otros 15 para contestar la demanda.

Una vez que ello se produzca, y si el presidente del STJ, Héctor Tievas no considera necesario la adopción de medidas de prueba o se plantean incidencias, la causa pasa directamente a examen para sentencia.

El voto mayoritario de los ministros del STJ rechazó la posibilidad de extender la acción promovida por el demandante a todos los usuarios. Sólo el ministro Carlos Gerardo González entendió lo contrario.

Consultado al respecto, Coll dijo que la mayoría de los magistrados entendió que no corresponde hacer extensiva la medida al resto de los usuarios.

Al respecto, explicó que una de las características de la acción de inconstitucionalidad, es que beneficia a la persona que la impulsa, por lo cual no es una acción de carácter colectiva.

Coll recordó que el artículo 167 inciso 2 de la Constitución Provincial establece que es atribución del STJ "Ejercer la jurisdicción ordinaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan por parte interesada". Es decir, que habla de una sola parte interesada, no de acciones colectivas.

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