A 150 días del lanzamiento, son pocos los avances en el plan de seguridad del Gobierno

Las autoridades nacionales apenas enviaron un tercio de los gendarmes y prefectos que irían a reforzar la acción preventiva de las policías locales. El compromiso era desplegar 5.000 agentes de Gendarmería y 1.500 de Prefectura.
Se presentó como una iniciativa original y ambiciosa: una "solución" para prevenir el delito, básicamente, en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Enfocaba el esfuerzo en esas zonas calientes y peligrosas, donde más de 14 millones de personas conviven con robos y homicidios. Donde se denuncian entre 2 y 3 episodios violentos por hora.

Sin embargo, cinco meses después, el Plan Integral de Protección Ciudadana anunciado por Cristina Fernández de Kirchner tiene un desarrollo irregular y en la mayoría de los 38 distritos involucrados casi nada de lo prometido llegó aún a los vecinos.

Si bien el Gobierno envió a las cuentas comunales la mitad de los 400 millones de pesos previstos para el programa oficial, la instrumentación en la calle es despareja: de acuerdo con un relevamiento realizado por Clarín entre 27 municipios, hasta el momento, los intendentes sólo pudieron colocar 950 cámaras de vigilancia de las 5.000 prometidas; compraron 105 autos para realizar patrullajes (de 500 anunciados); se instalaron 105 equipos de seguimiento satelital (de los 1.500 previstos).

Además, apenas funcionan entre 150 y 200 celulares de los 21.500 que la Presidente dijo que se iban a repartir entre los habitantes del conurbano para tener línea directa con la Policía. A casi 150 días del anuncio, realizado el 27 de marzo pasado en Olivos y con la presencia de los gobernadores beneficiados (Daniel Scioli, de Buenos Aires, y Celso Jaque, de Mendoza), las autoridades nacionales apenas enviaron un tercio de los gendarmes y prefectos que irían a reforzar la acción preventiva de las policías locales.

El compromiso oficial era desplegar 5.000 agentes de Gendarmería y 1.500 de Prefectura en los municipios del GBA, Mar del Plata, Bahía Blanca y Mendoza. Los intendentes coinciden en que, tal cual lo pactado, "el resto del dinero llegará cuando se rindan los gastos de los fondos entregados".

Pero los inconvenientes para progresar son variados. San Isidro fue el último en firmar y ni aún no recibió los 14 millones que le tocan. Cerca del intendente Gustavo Posse dicen que "se retrasó todo porque no apoyamos al oficialismo en las últimas elecciones".

En Mar del Plata, Gustavo Pulti tiene dificultades porque el Concejo Deliberante pretende supervisar el uso de cada uno de los 28 millones de pesos que Nación le adjudicó. Otros jefes comunales advierten sobre "presiones de algunos grupos privados" que quieren colocar cámaras sin licitación previa. Es lo que habría ocurrido en Ituzaingó y lo que quiere evitar Morón, que las licitará con control de ONG como cuando adjudicó la recolección de residuos. Los dos distritos usaron el dinero recibido para pagar los centros de monitoreo que ya habían hecho antes del plan.

Algo similar a lo que ocurrió en La Plata, que compró el equipamiento antes del mega anuncio presidencial. San Fernando, por su parte, se demoró con las cámaras por no saber qué tecnología emplear. Ensenada avanzó poco. "Estamos licitando la adquisición de las cámaras -le explicó al diario Clarín el intendente Mario Secco-. Empezamos por ese ítem, que es el más complejo. Pero queremos ser transparentes y abrimos una licitación pública para evitar irregularidades". Y aseguró que en 20 días estarán adjudicados 20 equipos. La incorporación de efectivos retirados (4.000) está muy verde en casi todos los distritos. San Martín, por ejemplo, espera sumar 80, pero a las entrevistas de admisión sólo se presentaron 18. Otro punto muy discutido (y de hecho, el más retrasado en el GBA) es el reparto de celulares.

En voz baja, algunos confiaron a Clarín que "la entrega de telefonía móvil a la población es muy difícil de instrumentar". Consideran que será complejo el control y que no quieren generar un nuevo gasto porque "después tenemos que pagar los abonos, reposiciones y roturas, mientras que las partidas son por ahora fijas". Hay municipios que, si compran celulares o handys, no los destinarán a redes vecinales sino a los efectivos que patrullen las calles. Así lo dijeron a Clarín funcionarios de Esteban Echeverría y Malvinas Argentinas.

El proceso administrativo para la instalación del monitoreo callejero requiere -además- de una homologación del Ministerio de Seguridad bonaerense. "Los sistemas de comunicaciones deben ser compatibles con los que utiliza la Policía Bonaerense para trabajar en forma conjunta", dijo un asesor del ministro Carlos Stornelli.

En la Jefatura de Gabinete de la Nación -organismo encargado de girar los fondos- muestran como modelo a Tigre, Ezeiza y Berazategui: son las ciudades que lograron avanzar varios casilleros en el programa. La comuna de Sergio Massa -ex jefe de Gabinete- instaló 250 cámaras (ya tenía 250); compró 10 camionetas para patrullaje; contrató 40 retirados de fuerzas de seguridad y recibió 50 prefectos. Berazategui instaló 135 cámaras y un centro de vigilancia; compró 13 vehículos 4x4; colocó aparatos de GPS y reclutó 50 ex agentes para tareas de prevención.

"Se evitan entre 3 y 5 delitos por día gracias al monitoreo", dicen allí. Ezeiza avanzó un poco más: además de comprar las cámaras y algunos vehículos con rastreo, desarrolló una prueba piloto con celulares cedidos a vecinos en la localidad de Canning.

El detalle presentado por los municipios muestra que el programa ideado por el Gobierno está retrasado. La Presidenta había reconocido -hace 5 meses- que "sin trabajo, con gente mal paga y con trabajo informal, no hay plan que alcance". El viernes pasado, el INDEC admitió un aumento en la desocupación y un fuerte incremento de la informalidad laboral. De acuerdo con la evaluación de Cristina Fernández de Kirchner, es la peor combinación.

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