Con la nueva normativa, impulsada por el Gobierno, los funcionarios y los candidatos a un cargo público tenían como fecha límite para presentar sus declaraciones juradas hasta el 19 de septiembre. Luego, el martes 1 de octubre esos datos debían estar disponibles para los ciudadanos en la página web de la Oficina Anticorrupción. Pero aún no aparecen.

La AFIP y la Oficina Anticorrupción se responsabilizan mutuamente por la demora. Según informa en su edición de hoy el diario La Nación, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia atribuye el retraso a un inconveniente informático entre los sistemas de la AFIP, que es el ente que recibió la información cargada por los funcionarios, y las plataformas de la OA.

Fuentes de la cartera que conduce Julio Alak señalaron al matutino que a causa de esos "problemas informáticos" la información remitida por la AFIP "no puede ser leída por la OA para su publicación". Según explicaron, cuando las declaraciones son enviadas "llegan mal", en "partes" con "caracteres y números cambiados", y por eso están haciendo pruebas enviando datos de manera parcial y tratando de corregir esos errores.

En la AFIP, en cambio, aseguraron al diario que ellos ya enviaron toda la información al Ministerio de Justicia. "Nuestros sistemas no tienen problemas, no es un problema nuestro la visualización", aseguró una fuente del organismo recaudador.

La Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos fue aprobada este año por el Congreso, en el marco del paquete de leyes que avanzan sobre la Justicia, elaboradas por el Ejecutivo.

La nueva legislación fue pensada para favorecer la transparencia, pero que limita los datos exigidos, dificultando el control. Es decir, por un lado amplía el universo de personas obligadas a transparentar sus bienes- incluye a los candidatos- y señala que no será necesario ningún trámite para acceder a esos datos, sino que deberían estar disponibles en la Web.

Pero, por otro, reduce la cantidad de información pública que deben aportar los funcionarios y candidatos, y parte de esos datos queda en un anexo reservado.

Así, con la nueva normativa, se seguirán informando los montos globales de las declaraciones de los funcionarios, pero no el detalle de cada bien ni el origen de los fondos para adquirirlos, por lo que fue catalogado de "menos transparente" por varios expertos.

Tampoco se le dará acceso al público al patrimonio de cónyuges, hijos o sociedades, algo que quedó relegado para un formulario llamado "Anexo reservado". Sólo se podrá acceder a estos datos con una orden judicial.